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Sentencia 149/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, de 22 de abril de 2010 (indice-web.com)

Juzgado Mercantil 6 Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 111
08014 Barcelona

Procedimiento ordinario 199/2009 Sección R
Parte demandante: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE)
Parte demandada: XX

SENTENCIA Nº 149/2010

En Barcelona, a 22 de abril de 2010.

Vistos por mí, Eduardo Gómez López, Juez en comisión de servicios en este Juzgado, los presentes autos seguidos bajo el número arriba indicado, se procede a dictar la presente resolución. Este procedimiento ha sido seguido entre las siguientes partes:

Parte demandante: SGAE

Parte demandada: XX

Ejercita el demandante varias acciones en materia de propiedad intelectual.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Se interpuso en el Decanato de esta localidad, por el Procurador de la actora, demanda de juicio ordinario siendo turnada a este Juzgado, en el que se ha registrado con el nº arriba señalado.

En dicha demanda se ejercitaba una acción de cesación y de indemnización de daños y perjuicios previstas en la Ley de Propiedad Intelectual, y tras los fundamentos de derecho, se interesaba en la demanda que se dictara sentencia por la que:

A) Se declare que el demandado está llevando al menos desde el día 1 de julio de 2007 hasta la actualidad, de modo ilegítimo, la comunicación pública (mediante la puesta a disposición) y la reproducción de obras musicales del repertorio gestionado por SGAE a través del sitio web.Índice-web.com de su titularidad y

B) Se condene a XX:

1.- A estar y pasar por esta declaración,

2.- A cesar y/o abstenerse de utilizar el citado sitio web, o en cualquier otro que pueda opere o pueda operar, de las obras musicales del repertorio de la SGAE, con suspensión de la explotación y la prohibición de reanudarla mientras no obtenga la correspondiente autorización de dicha entidad para llevar a cabo la comunicación pública o reproducción de su repertorio.

3.- A la suspensión de los servicios prestados por la entidad de intermediación “IBERICAHOST, C.B.” al demandado respecto del citado sitio web.

4.- A indemnizar a la actora en concepto de daños y perjuicios por la utilización no autorizada de las obras de su repertorio en el citado sitio web, en las modalidades de comunicación pública y reproducción, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2007 y el día de presentación de la demanda, en la cantidad que, una vez liquidada durante el procedimiento con arreglo a los datos que se obtengan y a las tarifas generales de la actora se fije e introduzca en el procedimiento.

5.- A indemnizar por la cifra de 1.546,28 euros por los gastos del documento de investigación privada aportado junto con la demanda.

6.- A abonar la totalidad de las costas y gastos causados en el presente procedimiento.

SEGUNDO. La demanda fue admitida a trámite y la demandada emplazada debidamente.

TERCERO. La demandada compareció para contestar a la demanda y oponerse a las pretensiones de la actora, solicitando la desestimación de la demanda y la condena en costas de esta última.

CUARTO. Se celebró la preceptiva audiencia previa para todas sus finalidades previstas legalmente y con asistencia de todas las partes.

El juicio se celebró el día señalado con la práctica de toda la prueba propuesta admitida, y con la asistencia de la defensa y representación de actora y demandada. A continuación las partes formularon conclusiones.

QUINTO. En el presente proceso se han observado los términos y prescripciones legalmente previstos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE.

Ejercita la actora una acción de cesación y de indemnización de daños y perjuicios previstas en la Ley de Propiedad Intelectual, con base en la infracción de los derechos de explotación del art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de comunicación pública del art. 20.2 en su modalidad de puesta a disposición y de reproducción del art. 18. El actor complementa las pretensiones de la demanda con una referencia a la responsabilidad a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico. La demanda se funda en los siguientes hechos:

a) El demandado a través del sitio web http://www.Índice-web.com, de su titularidad, ofrece, al menos desde julio de 2007, de forma gratuita y sin limitación o restricción alguna, obras musicales que pertenecen al repertorio de la SGAE, sin que ésta le haya concedido autorización alguna.

b) Desde dicha página web, sin necesidad de permisos entre usuarios particulares, bien directamente o bien redireccionando a otra web de modo automático, se procede a la descarga de la obra seleccionada. La parte demandada alega, en síntesis, que desde la citada página web de la que es titular, no se descargan obras, sino que es un mero intermediario de la sociedad de la información, y que lo único que hace es enlazar con otros servidores o a otras redes P2P donde están almacenados los contenidos. Niega también la demandada que la citada web se financie con publicidad, y que la misma sea proveedora de contenidos, por lo que, en definitiva, niega que concurra por su parte una utilización ilícita de obras cuya gestión está encargada a la demandante.

SEGUNDO. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA.

De la prueba practicada y de la admisión de hechos por las partes resulta que:

– el demandado es titular y administra el sitio web Índice-web.com.

– en dicha página web se ofrece, a través del sistema de menús y referencias visuales de las obras, la posibilidad de descargar archivos de música, películas documentales etc.. mediante el sistema de enlace o “links” a la llamada red P2P eDonkey que utiliza el programa eMule, o a otros servidores.

– algunos de los archivos, cuya posibilidad de descarga se ofrece, son obras musicales del repertorio de la entidad demandante.

– el demandado no percibe cantidad alguna directa o indirectamente relacionada con el servicio que ofrece en su página web, cuyo acceso es gratuito, sin que en la misma existan referencias publicitarias de terceros anunciantes. Ahora bien, el tema cardinal es determinar si dicho sitio web interviene en la descarga de contenidos protegidos.

Las partes mantienen posturas contrarias y aportan en apoyo de sus respectivas pretensiones, como pruebas principales, su respectivo dictamen pericial. La actora aporta un dictamen emitido a nombre de MÉTODO 3, y que fue ratificado por el Sr. MM, de profesión Letrado.

El demandado aporta un dictamen suscrito por el Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, Sr. G.C.

Lógicamente, cada informe avala la tesis del litigante que lo aporta. Ahora bien, sin dejar de reconocer la valía de ambos informes, este juzgador debe dar mayor credibilidad al aportado por la demandada, y ello, no sólo por la titulación profesional de los firmantes de cada dictamen (que sin ser un criterio absoluto, otorga una presunción de mejor y mayor conocimiento a un técnico de telecomunicaciones que a un jurista), sino también y sobre todo, por la mayor coherencia de sus conclusiones y observaciones, y, además, porque las mismas se ajustan más a los conocimientos generales que tiene cualquier usuario medio, como es quien suscribe, de Internet. Además, el perito de la demandada fue más concluyente en sus respuestas en juicio; el perito del demandado reconoció no haber investigado determinados extremos (por ejemplo qué se percibe en relaciones como las habidas entre la web del demandado y sitios de almacenamiento exterior, como Megaupload, ni tampoco el concreto beneficio obtenido por el demandado) sobre los que verificó afirmaciones en su informe.

Por ello, ha de tenerse por acreditado:

– que, entre otros servicios, el sitio web http://www.Índice-web.com ofrece enlaces para descargas en redes P2P u otros sitios web.

– que no se almacenan ningún tipo de contenidos audiovisuales en el sitio web http://www.Índice-web.com, sino que se publican enlaces a otros servidores o a otras redes P2P donde se encuentran almacenados los contenidos.

– en las redes P2P las transmisiones se realizan entre usuarios de la red, en tales transmisiones no interviene Índice-web.com en modo alguno.

– los servicios prestados por http://www.Índice-web.com son gratuitos y no existe ninguna clase de publicidad.

El perito del demandado describe pormenorizadamente en su dictamen cómo obtuvo una descarga a través de P2P, de acuerdo con unas pautas usuales del funcionamiento de tal proceder. De la misma manera, explicó en juicio la articulación de una descarga de un sitio web como es megaupload.com, sin que en ningún caso intervenga Índice-web, más que como Índice de enlaces, que, por otra parte no contiene archivos alojados.

TERCERO. SOBRE LA CONCURRENCIA DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Sentado que la función de Índice-web es precisamente la de constituir una especie de índice o catálogo de sitios web, proporcionando exclusivamente un enlace, de forma que la descarga, si se produce, se verifica de una forma completamente externa y ajena a Índice-web, debe examinarse si tal función supone infracción de los derechos de propiedad intelectual gestionados por la actora. Como se ha dicho, el actor centra la infracción sufrida en sus derechos en la comunicación pública (mediante la puesta a disposición) y en la reproducción de obras musicales del repertorio gestionado por ella gestionado.

Respecto a la distribución el Artículo 19.1 LPI dice que “Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.” A su vez la LPI define en el Artículo 20 qué ha de entenderse por Comunicación pública, entendiéndose por tal “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”.

Como se ha dicho, resulta acreditado que el sitio web Índice-web.com ofrece exclusivamente enlaces para descargas en redes P2P u otros sitios web, sin almacenar ningún tipo de contenidos audiovisuales y sin intervenir en las transmisiones realizadas en las redes P2P. Esa función del sitio web del demandado, esto es, de indexar o crear un índice que favorece y orienta a los usuarios para acceder a otros webs o a las redes de intercambio de archivos P2P mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales, constituye la esencia misma de Internet. Es más, éste sería un caos si no hubiera páginas y/o buscadores (como Google) que facilitan hacer aquello que en este procedimiento pretende que se declare como acto vulnerador de derechos, esto es, enlazar a otras páginas o a las llamadas redes P2P. Google, de una forma generalista, hace la misma función que el web del demandado, y la licitud de tal función, aunque desde otra perspectiva, ya ha sido declarada en sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 17 Sep. 2008.

Teniendo en cuenta el concepto legal de distribución o de comunicación pública, puede decirse que la labor de enlazar sin intervenir en la descarga, no entra dentro del núcleo de lo que constituye distribución (puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma) ni comunicación pública (todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas). Enlazar sitios de internet, que no es otra cosa que ofrecer el mero dato fáctico de un contenido que se halla en otro lugar de Internet, queda muy lejos del núcleo de lo que supone distribuir, reproducir o comunicar públicamente, y ello resulta del hecho de que comunicados los usuarios de las redes P2P, estos actúan la descarga, en su caso, sin intervención de los sitios que han facilitado el enlace, como ocurre con Índice-web. Y lo mismo puede decirse cuando el particular enlaza con el servidor señalado por webs como la del demandado, y se dedica a verificar una descarga de obra protegida.

Puede decirse que el sitio web del demandado facilita u orienta a los usuarios de la red de Internet la búsqueda de obras que luego van a ser objeto de intercambio a través de las redes P2P, pero en nuestro derecho, plenamente ajustado a la normativa comunitaria, no está prohibido favorecer, orientar o ayudar mediante enlaces, en la búsqueda de archivos que contengan obras protegidas para lograr su posterior descarga a través de las llamadas redes P2P. Por ello, el sistema de enlaces o links desarrollado por el demandado en este caso, no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública.

Ciertamente, el actor complementó sus pretensiones de la demanda con una referencia a la responsabilidad a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico, precepto que consagra la “Responsabilidad de los prestadores de los servicios de la sociedad de la información”, disponiendo que “1.Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley. 2. Para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación, se estará a lo establecido en los artículos siguientes”.

Dicha alegación, sin más especificación, no puede servir para fundar una eventual condena por determinados preceptos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, como pudiera ser el artículo 17, relativo a la responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. Otra cosa dejaría en una completa indefensión al demandado.

Por todo lo expuesto, la demanda debe desestimarse.

CUARTO. COSTAS.

Conforme a lo dispuesto en el art. 394 LEC, “En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”. Al hacerse una desestimación total de la demanda, sin que se aprecien dudas de hecho o de derecho en el caso, las costas de este proceso se imponen a la demandante. Median sentencias recientes (como las alegadas en el proceso) que niegan la razón a la actora, situando actividades como las desarrolladas por el demandado, fuera del campo de la infracción de los derechos gestionados por el actor.

FALLO

1.- DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por SGAE contra XX, absolviendo a éste de todos los pedimentos formulados en su contra.

2.- Se imponen las costas de esta instancia al actor.

Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior sentencia, en el día de su fecha, por el Juez que la dictó, estando celebrando Audiencia pública; doy fe.

Fuente: derecho-internet.org

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