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Auto 185/2009 del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Barcelona, de 11 de mayo de 2009

Juzgado Mercantil 6 Barcelona
Medidas cautelares 246/2009

AUTO 185/2009

En Barcelona, a once de mayo de dos mil nueve

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador F.J.M.A. presentó en nombre y representación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) demanda en la que por otrosí solicitaba la adopción de medidas cautelares inaudita parte consistentes en “1. La cesación provisional e inmediata de los servicios de comunicación pública (mediante su puesta a disposición del público) y reproducción o suministro en línea –descarga– de obras musicales del repertorio de SGAE, ofrecidos por el demandado a través de la página web http://www.indice-web.com, así como la prohibición de reanudarlas, en tanto no disponga de autorización de SGAE. 2. La intervención y depósito de los ingresos obtenidos por el demandado por la comercialización de la página web http://www.indice-web.com oficiando para ello a las entidades bancarias que aparezcan con cuentas de su titularidad tras la correspondiente averiguación patrimonial para lo que deberá oficiarse al REGIN. 3. La suspensión de los servicios prestados por la entidad de intermediación “IBERICAHOST, C.B.” al demandado respecto del sitio http://www.indice-web.com, toda vez que el demandado se vale de él para infringir los derechos patrimoniales de autor de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición, y de reproducción de obras musicales en su página web.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se mandó formar la oportuna pieza separada, y se citó a las partes a la vista que previene el artículo 734 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por entender que no concurrían razones de especial urgencia que justificaran la adopción de la medida sin audiencia al demandado.

TERCERO.- La vista tuvo lugar con la asistencia de ambas partes. El Letrado de la parte demandada se opuso a la adopción de las medidas solicitadas por entender que no concurrían los requisitos legales para su adopción y solicitó se desestimara la petición de la actora. Al ser preguntado manifestó que no se oponía a que, en su caso, se fijara la caución en el importe ofrecido por la actora.

Tras la proposición y admisión de prueba se procedió a su práctica con el resultado que es de ver en el acta y en el soporte de DVD, concluida la práctica de la prueba las partes procedieron a formular sus conclusiones.

A continuación se concedió de nuevo la palabra a las partes, a fin de que alegasen lo que a su derecho conviniera.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Las medidas cautelares. La imposibilidad de que los órganos judiciales presten tutela jurídica inmediata y la necesidad de que la resolución final se produzca después de un (generalmente largo) proceso, exigen que la ley arbitre la posibilidad de adoptar una serie de medidas cautelares cuya finalidad sea “asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare” (art. 721.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Son notas características de toda medida cautelar: 1) la necesaria instancia de parte (artículo 721 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 2) que sea exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente (artículo 726.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y 3) que no sea susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado (artículo 726.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Finalmente, la adopción de medidas cautelares se somete al cumplimiento de tres requisitos: apariencia de buen derecho (fumus boni iuris: artículo 728.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), peligro derivado de la duración del proceso (periculum in mora: artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y prestación de caución por el solicitante (artículo 728.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

SEGUNDO.- Presupuestos y garantías de la medida.- Son presupuestos para la adopción de la medida:

1).- “Periculum in mora”, art. 728.1º LEC, lo que significa la existencia de un riesgo de transformación de la situación fáctica sobre la que deba recaer la resolución a adoptar en el proceso principal, que determine la posible inejecutabilidad de la misma, ya parcial, ya total.

El peligro deriva, según la alegación de la actora, de la posibilidad de que el demandado continúe con su actividad causando con ello mayores daños a la actora de los que ya ha producido hasta el momento y cuya indemnización reclama en el procedimiento principal.

La demandada considera que no existe periculum desde el momento en que la actora tuvo conocimiento de la existencia de la página web y de la actividad que se lleva a cabo en la misma el pasado 25 de julio de 2007, habiendo tolerado desde ese momento dicha actividad.

A juicio de quien resuelve no resulta definitivo a efectos de desestimar las medidas cautelares solicitadas el hecho alegado por el demandado, no puede hablarse de situación de hecho largamente consentida en el sentido del punto 1º, párrafo 2º del artículo 728, habida cuenta que desde que se produce el descubrimiento de la existencia de la página web hasta la interposición de la demanda han transcurrido menos de dos años.

Pese a ello entiende quien resuelve que no concurre el requisito de mora procesal ya que, pretendiendo la actora la cesación de la actividad infractora como efecto principal de la sentencia que se dicte, no existe riesgo de que el demandado frustre dicha finalidad.

2).- “Fumus boni iuris”, art. 728.2º LEC, que exige un principio de justificación previa de la pretensión principal de la parte actora, que permita un juicio de pronóstico de posible acogimiento final de la pretensión. Es decir, de modo “ex ante” la acción deducida debe presentar una cierta apariencia de verosimilitud en los hechos y en el derecho. Tales indicios suelen resultar de modo preferente de documentos, sin perjuicio de otras formas de justificación indiciaria.

No deben, al pronunciarse sobre esta apariencia de buen derecho, adelantarse valoraciones de prueba que corresponden al momento de dictar sentencia en los autos principales, ni prejuzgar en modo alguno el sentido del fallo. Por tanto, el examen de la concurrencia de este requisito ha de contraerse a la comprobación formal de que la hipótesis de hechos descritos en la demanda coinciden, en su apariencia y descripción, con el supuesto de hecho de las normas jurídicas que se pretenden aplicar con su consecuencia jurídica, y todo lo más, que tal hipótesis de hechos se respalda, inicial y externamente, por ciertos documentos y otros tipos de prueba, pero con el limitado alcance señalado.

La parte actora alega que la web de la que es titular el demandado infringe los derechos de propiedad intelectual toda vez que pone a disposición de quien la visita contenidos protegidos. El demandado se opone a dicha alegación manifestando que la página web http://www.indice-web.com no pone a disposición de los usuarios contenidos protegidos, y ello porque únicamente se compone de enlaces, compuestos de caracteres alfanuméricos (que en ningún caso son objeto de protección) que dirigen al usuario hasta otras páginas web, limitándose a facilitar, a través del hipervínculo o “enlace” el acceso a otras páginas que, actuando como intermediarios se limitan a compartir archivos de los usuarios, lo cual tampoco es constitutivo de infracción alguna del régimen de protección de la Ley de Propiedad Intelectual.

A juicio de quien resuelve no concurre tampoco, en este momento procesal y sin perjuicio de lo que pudiera resultar en el pleito principal, apariencia de buen derecho que justifique la adopción de la medida solicitada toda vez que de lo actuado no resulta acreditado que ciertamente la página web de la que es titular el demandado y cuya cesación de actividad se pretende esté incurriendo en la infracción de derechos que se pretende. Así de la prueba practicada resulta acreditado que dicha web contiene enlaces que permiten al usuario acceder a otras páginas web desde las cuales podría llegar a descargarse contenidos protegidos, pero sin que en ningún caso resulte ni tan siquiera indiciariamente acreditado que dichos contenidos se descarguen con infracción de derechos protegidos por la LPI y ello porque no se ha probado si se trata de webs que almacenan contenidos protegidos con infracción de la ley o si se limitan a intermediar entre usuarios que comparten archivos, o por el contrario facilitan el acceso a contenidos protegidos.

No concurriendo los requisitos legalmente exigidos para la adopción de la medida solicitada procede acordar su denegación.

CUARTO.- En materia de costas, el artículo 736.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se remite a los criterios establecidos en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el presente supuesto teniendo en cuenta lo novedoso de la cuestión planteada así como las dudas de hecho y de derecho que suscita, no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO, no haber lugar a la medida cautelar solicitada.

Contra el presente auto cabe interponer recurso de apelación, que deberá prepararse ante este mismo Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde el siguiente a su notificación.

Así lo pronuncio, mando y firmo. Nuria Lefort Ruiz de Aguiar, Magistrada en funciones de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil núm. 6. Doy fe.

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