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A propósito del caso SeriesYonkis (antes de la sentencia)

16 April 2019

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La semana pasada tuvo lugar, durante varios días, la vista oral del caso SeriesYonkis, que ha quedado finalmente visto para sentencia. El asunto se refiere a la actividad que desarrollaron en su momento las conocidas páginas seriesyonkis y películasyonkis, en las que se podían encontrar enlaces para acceder a series y películas. Sus gestores –diversos a lo largo del tiempo–, están acusados de un delito contra la propiedad intelectual y se enfrentan a la petición de varios años de cárcel y de cantidades millonarias en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

La vista oral se ha seguido con notable interés en los medios y en las redes sociales, donde se han abocado todo tipo de hipótesis y valoraciones. No estoy en condiciones de analizar con detalle los hechos del caso, pues no he presenciado las sesiones de la vista oral ni he tenido acceso a los escritos presentados.

Mi intención con esta entrada no es aventurar el sentido de la futura sentencia, que deberá tener en cuenta múltiples elementos objetivos y subjetivos del concreto caso enjuiciado. Sin embargo, sí me parece oportuno hacer algunas consideraciones generales sobre un caso que, de entrada, resulta algo anacrónico, tanto por el tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento, como por tratarse de unas páginas que abandonaron hace años la actividad que se les reprocha, como por el hecho de que entre tanto se han producido importantes cambios legislativos y jurisprudenciales.

Desde luego, no se trata –como algún medio ha titulado– del primer caso penal sobre páginas de enlaces a obras y prestaciones protegidas. Se trata más bien del enésimo caso. A lo largo de los años he recogido en este blog (pestaña “casos penales”) nada menos que 35 procedimientos distintos contra páginas de enlaces en vía penal (y con toda seguridad no es un listado exhaustivo), que han dado lugar a más de 80 resoluciones judiciales, entre autos y sentencias, muchas de los cuales han sido objeto de comentario en diversas entradas del blog. Por otra parte, un cierto número de casos ha tratado la cuestión desde la perspectiva puramente civil.

La posición de juzgados y tribunales ha sido dispar y ha ido variando a lo largo del tiempo. El elemento central de la discusión en estos procedimientos ha sido el de si la página de enlaces lleva a cabo un acto de comunicación pública del contenido enlazado, en su modalidad de puesta a disposición del público, de conformidad con el artículo 20.2.i) LPI. Son muchos los casos en que el juez o tribunal consideró que enlazar no constituye un acto de puesta a disposición del público, dando lugar al archivo de las actuaciones o bien a la absolución por no cumplir el tipo objetivo del delito contemplado en el artículo 270.1 CP en su redacción anterior a la reforma de 2015, que requiere reproducción, plagio, distribución o comunicación pública. En otros, en cambio, se llegó a la convicción contraria, llegando a dictarse algunas condenas. Un resumen detallado del estado de la jurisprudencia a septiembre de 2012 puede verse en este artículo.

Jurisprudencia del TJUE

Dos elementos modificaron radicalmente el panorama. Por una parte, la saga de sentencias del TJUE que abordaron la calificación jurídica de los enlaces, empezando por el caso Svensson (febrero 2014) y siguiendo por los no menos relevantes GS Media (septiembre 2016), Filmspeler (abril 2017), y Ziggo (The Pirate Bay) (junio 2017).

Estas sentencias son determinantes para apreciar si en un caso concreto existe comunicación pública. El TJUE llevó a cabo una interpretación expansiva de este concepto, que le llevó a considerar un enlace comunica la obra enlazada, y que constituye una comunicación al público (y por tanto sujeta a autorización) cuando el contenido enlazado se había puesto ilícitamente a disposición en internet, y además concurren determinados elementos subjetivos en quien proporciona el enlace (algo ciertamente difícil de anticipar antes de los pronunciamientos del TJUE).

En Filmspeler y en Ziggo el Tribunal fue incluso más allá y consideró comunicación pública el mismo hecho de vender un dispositivo que incorpora enlaces a contenidos infractores (Filmspeler), o la puesta a disposición y gestión en internet de una página web de The Pirate Bay, a la que los usuarios suben enlaces (archivos .torrent).

Las sentencias del TJUE vinculan sin duda al juez que debe determinar si se ha producido un acto de comunicación pública, en la medida en que fijan el modo en que debe interpretarse la normativa nacional que traspone la Directiva, si bien la valoración final, que debe tener en cuenta todos los elementos del caso, corresponde al juez nacional. Y la tarea que se le encomienda no es nada sencilla, si tenemos en cuenta la reiterada doctrina del TJUE según la cual, para la existencia de comunicación al público debe establecerse en un análisis caso por caso, y que para ello deben “tenerse en cuenta varios criterios complementarios, de naturaleza no autónoma y dependientes unos de otros”, y que “procede aplicarlos tanto individualmente como en sus interacciones recíprocas, bien entendido que, en las diferentes situaciones concretas, pueden darse con intensidad muy variable” (cfr. Ziggo, ap. 25 y muchas sentencias anteriores).

Los criterios que aporta el TJUE en sus sentencias sobre cuestiones prejudiciales no son en sentido estricto un nuevo Derecho, aplicable sólo a los hechos futuros, sino unas reglas para interpretar el Derecho ya vigente (o en vigor al tiempo de los hechos). Por ello, tales criterios deberán tenerse en cuenta al aplicar las normas afectadas, también cuando los hechos a los que se apliquen sean anteriores a las sentencias del TJUE. De hecho, ese es precisamente el sentido de las cuestiones prejudiciales: solicitar al TJUE la guía para interpretar las normas a fin de poderlas aplicar a un supuesto que pende ante el tribunal que eleva la cuestión al TJUE. Y los mismos criterios deberán emplearse en los casos en que se enjuicien conductas equiparables con la que motivó la petición.

Ahora bien, es obvio que en los casos citados el TJUE no interpretaba normas penales de un Estado miembro, y ni siquiera normas sobre responsabilidad civil. Y creo que a la hora de valorar si concurre el tipo objetivo previsto en el artículo 270.1 CP (en su versión anterior a 2015, que es la aplicable temporalmente) no puede desconocerse que al tiempo de los hechos que se enjuician en el presente caso la calificación de los enlaces como comunicación pública suscitaba dudas, por lo menos para buena parte de la doctrina (dudas de las que son buena prueba la propia formulación de las cuestiones prejudiciales), y que un buen número de sentencias españolas, tanto penales como civiles, habían rechazado categóricamente tal calificación.

Reforma del Código Penal

Tanto es así que, ante la realidad de esa jurisprudencia, y a pesar de los casos decididos en sentido contrario, el legislador español se vio en la necesidad no sólo de ampliar el tipo objetivo del art. 270.1 CP para incluir la conducta de quien “de cualquier otro modo explote económicamente” la obra o prestación protegida, sino también de introducir, como art. 270.2, un nuevo tipo penal para tipificar la actividad característica de las páginas de enlaces:

“La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios.”

Me parece que la reforma del CP de 2015, con la introducción del nuevo tipo específico es un sólido argumento para considerar que la actividad de las páginas de enlaces no estaba incluida en la redacción anterior del 270 CP. Y probablemente ofrece también argumentos para negar la relevancia penal de aquellas actividades basadas en la provisión de enlaces que no alcanzan la determinación y propósito de la actividad contemplada en el art. 270.2 CP.

Puerto seguro

Una última consideración, que sólo pretendo dejar apuntada, se refiere al alcance de la protección frente a la responsabilidad civil y penal que otorga el art. 16 LSSICE, que remite a la difícil cuestión de la neutralidad de la plataforma, como prerrequisito para la aplicación de la protección, y al grado de conocimiento relevante, también el adquirido sin necesidad de notificación. El hecho de que la actividad del prestador se califique de comunicación al público, y por tanto infracción directa, no debería ser obstáculo para acogerse a la protección si se cumplen las condiciones para su aplicación establecidas en la Directiva y en la LSSICE.

 

 

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