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Malos tiempos para RojaDirecta

9 December 2016

roja-directa

La sociedad que gestiona la web RojaDirecta, Puerto 80 Projects, S.L.U, así como su único socio y también administrador único, han sido condenados en vía civil por violación de los derechos de propiedad intelectual de Mediapro (Mediaproducción S.L.U.).

La sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de A Coruña el día 22 de noviembre de 2016 concluye que la actividad de la conocida página, que ofrece enlaces a retransmisiones de eventos deportivos en streaming, concluye que la actividad de la página constituye un acto no autorizado de comunicación pública.

La resolución cita la jurisprudencia del TJUE en materia de enlaces y propiedad intelectual, en particular los casos Svensson, BestWater y GS Media, y concluye que:

“lo que realiza rojadirecta es un acto de comunicación al público, así se infiere de la prueba practicada en relación particularmente con la sentencia Svensson y es un acto de comunicación además dirigido a un público nuevo en el sentido de la sentencia de GS Media ya que se dirige a la generalidad de los internautas, que no podrían visualizar los partidos en otro caso, cuando los partidos solo iban dirigidos a los abonados de las demandantes. Y son proporcionados por personas (las demandadas) que conocían o podían conocer razonablemente el carácter ilegal de la publicación.”

En cuanto a las exenciones de responsabilidad previstas en la LSSICE, la sentencia considera que Puerto 80 Projects no es un alojador de contenidos sino un editor, dado su papel activo, que le da conocimiento y control de los enlaces. Sigue así el criterio de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de París, de 19 de marzo de 2015, que cita expresamente, que consideró que la sociedad demandada no puede beneficiarse del estatuto de alojador (hébergeur), resaltando la actividad de organización y selección editorial de los enlaces. Uno de los argumentos de la defensa que la sentencia pone en duda es si realmente los enlaces son suministrados por usuarios de la web, concluyendo que “en el propio portal de rojadirecta no hay medios tecnológicos para que terceros suban enlaces por lo que se infiere que se suben de forma interna por rojadirecta”.

La posible vulneración de derechos de propiedad intelectual por parte de RojaDirecta ya se había avanzado al examinar el fumus boni iuris en los autos de medidas cautelares dictados Juzgado Mercantil nº11 de Madrid (auto de 16 de junio de 2015, aclarado por auto de 18 de agosto de 2015), y especialmente en el extenso auto de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 15 de abril de 2016, que desestimó el recurso contra la adopción de dichas medidas. En aquel momento no se había dictado todavía la sentencia GS Media, pero la AP Madrid ya apuntó la posible violación de derechos siguiendo la doctrina del “público nuevo” establecida en el caso Svensson. De igual modo, la SAPM concluyó que faltaba el requisito de neutralidad exigido por la sentencia L’Oréal/eBay para la aplicación de las exenciones de responsabilidad. Así, señaló la SAPM (y la sentencia de A Coruña recoge la cita) que:

“Hay que tener presente que el titular del sitio enlazado responde de los contenidos que coloca en la red y si éstos están protegidos infringe la propiedad intelectual o el derecho ajeno digno de protección. Pero también será responsable el prestador del servicio de enlaces si éste ya no se mantiene en una postura de neutralidad, es decir, si colabora de algún modo con la actividad infractora o conoce de la ilicitud de los contenidos y no actúa para evitarla. Si éste es sabedor de que el contenido enlazado al que está facilitando el acceso ocasiona perjuicio a derechos de tercero incurrirá en responsabilidad (…) Conductas de esa índole, en las que el prestador del servicio despliega conductas activas de tratamiento, clasificación e indexación de la información, entrañan una ruptura de la neutralidad por parte de aquél y ello con independencia de quien le proporcione inicialmente el enlace y de la tecnología que luego se esté usando para el contacto entre los enlazadores (P2P, streaming, etc) si con ello lo que se produce es un mismo resultado.”

En cuanto a la responsabilidad de la persona física que es socio único y administrador único de la mercantil Puerto 80, la Juez de A Coruña rechaza la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo. En cambio se apoya en el reconocimiento de la responsabilidad secundaria introducida en la reforma de la LPI, en vigor desde enero de 2015, concluyendo que de acuerdo con el artículo 138 LPI debe declararse también la responsabilidad de la persona física por su cooperación en la actividad infractora.

La sentencia de A Coruña puede considerarse la primera aplicación concreta en la jurisprudencia española de la doctrina contenida en la reciente sentencia del TJEU en GS Media (de septiembre de 2016).

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