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¿Deber de controlar los comentarios?

24 April 2013

Una nueva sentencia del Tribunal Supremo aborda la responsabilidad del titular de una web por los comentarios enviados por usuarios en los que se atenta contra el honor de las personas. En este caso se trata de un medio de comunicación digital y de los comentarios escritos por los lectores en relación con una de las noticias publicadas. Aunque con los datos que proporciona la propia sentencia no es muy difícil identificar al demandante, la resolución se cuida de anonimizar cuidadosamente su identidad, designándolo como «D. Arturo, conocido artísticamente como Cebollero» [sic].

Hechos

La demanda se dirigió contra la empresa titular de la web eleconomista.es, edición digital del periódico El Economista. Los comentarios vejatorios fueron escritos en relación con la noticia titulada «Los usuarios de Facebook fusilarán virtualmente a Cebollero». El tenor de los comentarios que transcribe la sentencia no deja duda de su carácter vejatorio, algo que por desgracia es no infrecuente en estos espacios.

El núcleo de la discusión es el nivel de diligencia exigible a la web y la aplicación del régimen de exclusión de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos previsto en el art. 16 LSSICE. Se admite pacíficamente que la web es un “alojador” a los efectos de la aplicación de dicho artículo (en el sentido de que “aloja” los comentarios proporcionados por los usuarios). El actor envió un burofax que por diversos motivos fue rehusado por la demandada, de modo que esta no llegó a conocer el contenido del mismo. Hay que notar que el burofax lo remitía SGAE, y que no lo dirigía a la persona jurídica titular de la web sino al periódico en general. Parece probable que el rechazo se debiera simplemente a una cautela de la empresa periodística, aprovechando el hecho de que no había sido dirigido correctamente a la misma.

Condena en primera instancia

En primera instancia se condenó al demandado a indemnizar en 10.000 euros al actor (la mitad de la indemnización solicitada). Consideró el juez que a pesar de que no quedaba acreditado que el titular de la web hubiera tenido conocimiento efectivo, no puede valerse de la exclusión de responsabilidad porque “no agotó la diligencia que le era exigible”:

«si bien no ha resultado acreditado que la demandada tuviera ese conocimiento efectivo previo de las expresiones vertidas en su foro y atentatorias al derecho al honor del actor, no agotó la diligencia que le era exigible como tal creador y administrador de dicho foro, pues si bien en su página de Internet se recogen los datos para ponerse en contacto con ella, la advertencia de que las personas que accedan al mismo tienen que identificarse, impidió que el actor pudiera contactar con él y alertarle de las mismas y así ejercer el control a posteriori, retirándolas de inmediato, al rehusar el burofax enviado por el actor el 02/10/08 (doc. 4 de la demanda), por lo que procede declarar su responsabilidad.»

Resulta muy sorprendente que la exigencia de identificación se pueda considerar un obstáculo que “impide” contactar con la web. Mientras que el rechazo del burofax, por lo ya indicado más arriba, no parece que pueda considerarse negligencia.

Absolución en apelación

La demandada recurrió en apelación y la Audiencia estimó el recurso, revocando la sentencia de instancia. La AP sostuvo que «ni la parte actora ni la sentencia puede apoyarse en el envío del burofax de los servicios jurídicos de la SGAE para deducir, de su rehúse, la existencia de un conocimiento efectivo en la demandada, causado por su falta de diligencia en recoger el burofax», y que por tanto la sentencia de instancia había infringido el artículo 16 LSSI, ya que ni siquiera por vía de presunción cabe entender que la demandada tuvo conocimiento efectivo.

La posición del fiscal en el recurso de casación

En casación, el fiscal, argumentando en contra de la sentencia recurrida, sostuvo que la demandada no puede alegar desconocimiento, «ya que como titular de la página web donde se vertieron tales datos, han estado a su disposición, no siendo preciso para su conocimiento, que fuera el demandante, como pretende la sentencia recurrida, quien indicara qué mensajes eran ofensivos, ya que la ilegalidad de los contenidos del foro era claramente patente». Sostuvo el fiscal que incumbe al titular de la web un deber de control de los contenidos potencialmente lesivos: «dado las características del foro debió ejercerse un mayor control por la demandada para retirar inmediatamente aquellas opiniones claramente ilegales que se vertieron contra el actor, control que no se ejerció adecuadamente en la medida que no fueron retiradas con premura». Afirmó también que el hecho de rehusar el bufofax «impidió la comunicación del afectado con el prestador y supuso la difusión y prolongación en el tiempo del contenido vejatorio, lo que conlleva la consiguiente responsabilidad de este».

Concluyó el fiscal que «queda acreditado que la demandada tuvo conocimiento efectivo del contenido vejatorio de las opiniones vertidas contra el actor, al ser este notorio y evidente, pese a lo cual no procedió con premura a suprimirlo. La conclusión alcanzada por la Audiencia Provincial es contraria a la doctrina jurisprudencial fijada por esta Sala en lo relativo a la interpretación del artículo 16 LSSICE por lo que procede la estimación del motivo.»

El TS revoca la sentencia de la AP y confirma la condena de instancia.

El TS estima el recurso de casación, revocando la sentencia de la AP y confirmando la condena dictada en primera instancia.

La argumentación del TS es breve y combina diversos tipos de consideraciones, de forma tal que deja en el aire algunas incógnitas importantes. Lo afirmado por el TS puede resumirse del modo siguiente:

a) Dice compartir la interpretación sostenida por el fiscal. (Esto significaría que entiende que ha quedado acreditado el conocimiento efectivo)

b) Dice que las conclusiones alcanzadas por el recurrente se ajustan a la jurisprudencia del TS. Dichas conclusiones son que la AP interpreta el “conocimiento efectivo” en un sentido excesivamente restrictivo; que la ilicitud de los contenidos es evidente por sí sola, sin necesidad de resolución judicial que lo determine (cosa que en realidad no exigió la AP); y que la demandada no actuó con la diligencia requerida por la naturaleza del foro, llegando a rehusar el burofax del demandante.

c) De modo expreso, el TS dice que la sala «atribuye el mismo valor revelador del conocimiento efectivo al contenido y naturaleza de los mensajes, sumamente graves y claramente ofensivos al honor del demandante…» De esta declaración podría inferirse que el TS entiende que no es necesaria ninguna notificación del agraviado. Y sin embargo esto no queda claro, porque la frase continua diciendo «…sin que pueda alegarse desconocimiento por parte de la entidad demandada a raíz del fax recibido, dado que en él se advertía con claridad la existencia de comunicaciones lesivas del derecho al honor y se reclamaba su retirada, hecho que respondía a la realidad y que impide que el titular de la página web pueda a partir de ese momento desconocer». De este modo parece que lo relevante para la adquisición del conocimiento fue el envío del bufofax (cosa que no se ajusta bien a la tesis del fiscal).

d) Insiste el TS en que la demandada tenía un deber de control sobre las opiniones alojadas: «la entidad demandada, como titular de la página web y creadora del foro de debate abierto, debió extremar las precauciones y ejercer un mayor control sobre las opiniones y comentarios alojados, cuyas connotaciones despectivas y peyorativas para el demandante no podían pasarle inadvertidas», destacando que «[n]o puede pasar inadvertido el papel desempeñado por el titular de la página que no solo alberga un contenido externo, sino que genera la posibilidad realizar comentarios, incorporándolos a la noticia y permite que se consideren como elemento de valoración de la misma». (Y sin embargo, de nuevo parece conectar el conocimiento con el hecho del envío del burofax).

e) Finalmente la sentencia parece inclinarse por basar la responsabilidad en la falta de diligencia por haber rehusado el burofax: «Dado que resulta probado que la demandada rehusó recibir el fax remitido por el demandante impidiendo a este poder comunicarse con ella y así conseguir la interrupción de la difusión de los comentarios lesivos y ofensivos para su persona facilitando su prolongación en el tiempo, cabe concluir que la entidad demandada incumplió el deber de diligencia que le incumbía».

Interrogantes

La sentencia plantea importantes interrogantes. La empresa titular de la web estaba perfectamente identificada y ponía a disposición del público un sistema para contactar con ella por correo electrónico. La situación, por tanto, no es equivalente a la del caso alasbarricadas. Existiendo dicho mecanismo de contacto, el hecho de rehusar un burofax que no estaba correctamente dirigido a la demandada y cuyo remitente no era el demandante sino la SGAE parece dudoso que se pueda entender como un hecho que “impidió” la comunicación entre el demandante y la compañía demandada.

Por otra parte, el TS atribuye a la demandada un deber de vigilancia de los contenidos que parece difícil de cohonestar con el artículo 15 de la Directiva de Comercio Electrónico y, como hemos visto, la redacción del fallo no deja claro del todo si la sola presencia de comentarios vejatorios sin comunicación alguna por parte del agraviado implica automáticamente el conocimiento efectivo.

Finalmente, una vez más, parece aplicarse el art. 16 LSSI como si fuera dicho precepto el que establece la responsabilidad, cuando en realidad la responsabilidad debe buscarse en la LO 1/82, a cuyo amparo se ejercita la acción, y por tanto debería analizarse si la posibilidad de identificar y atribuir responsabilidad al autor del comentario lesivo podría excluir la del titular de la web.

Nota: más comentarios a la sentencia en Irusmática, Derecho y normas, Salir de Internet.

3 Comments leave one →
  1. 24 April 2013 10:58

    Hola Miquel,

    entiendo que el tema del burofax viciado ha sido interpretado por el Supremo de tal manera que el interés a proteger hace recomendable no exigir demasiados formalismos para que pueda constituir una herramienta apta para crear dicho conocimiento efectivo. Dicho esto, en mi opinión lo que debería indicarse es que el rechazo más que impedir la comunicación entre demandante y la compañía demandada lo que provocó es la imposibilidad de conocer la existencia de los comentarios infractores en la página web, sin atender a la procedencia del mismo.

    El hecho de que existiera una dirección (tanto de correo electrónica como física) de la editorial responsablede la página web parece que no ha sido entendido como excluyente de la posibilidad de notificarle por cualquier otro medio apto para ello. Notificado al diario en sí, que finalmente es responsable de ello, podría llegar a entenderse esta conclusión.

    Respecto a la utilitzación del Art. 16 LSSICE como régimen positivo de atribución de responsabilidad, por desgracia esto ya es común… lo cierto es que la actual regulación existente para este tipo de páginas web no es la más apta, proque está claro que la posibilidad de realizar comentarios sin previa moderación y que aparecen instantáneamente (siendo ello una de las características que enriquecen Internet y la denominada Web 2.0) no debe implicar automáticamente una responsabilidad del titular de la página web en aquellos casos en que la LSSICE por un motivo u otro no resulta aplicable. Luego estaría el tema de la identificación de la persona que ha realizado los comentarios, pero las dificultades existentes en la Ley actual no deberían perjudicar la seguridad jurídica del titular de una Web.

    Respecto a la compatibilidad con el Art. 15 de la DCE, aunque la redacción de la Sentencia no lo deja claro, entiendo que el control a que se hace mención implica la obligación deretirada de comentarios inequívocamente infractores en una noticia concreta como parte de la diligencia debida, y ello pese a que el burofax en sí no identifique concretamente cuáles son los que el demandante entiende como tales. Dicho lo anterior, y más con el marco de la discusión en que nos encontramos, es una lástima que no se haya discutido más el carácter inequívoco de infractores de los comentarios por las partes.

    Un saludo!

    • Miquel Peguera permalink*
      24 April 2013 15:55

      Hola Sergio,

      Gracias por el comentario.

      En relación con el artículo 15 DCE, no creo que sea incompatible con el mismo entender que si te envían una notificación sobre comentarios injuriosos a una determinada noticia se te pueda exigir que retires los comentarios a esa noticia que sean patentemente injuriosos para poder invocar la exclusión. Pero partiendo siempre de una notificación, ya que sin no es así se te impone el deber de monitorizar todo el site con carácter general, lo cual sí chocaría con el art. 15 DCE, especialmente en sitios grandes como Facebook…

      En cuanto a lo del burofax, no me parece que quepa inferir una voluntad de cerrar los ojos, teniendo en cuenta que habían habilitado un mecanismo específico para recibir avisos o notificaciones.

      Una abraçada
      Miquel

  2. 14 September 2013 17:30

    Le felicito por el articulo, tema interesante que en mexico aun no se trata. saludos.

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