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Google Autocompletar — o qué hacemos con los daños colaterales

25 June 2011

Las normas sobre responsabilidad por daños han permitido tradicionalmente un amplio margen de discreción para que el juez pueda determinar quién debe soportar en última instancia el daño producido. En esencia hay dos opciones: o bien se decide que la víctima tiene el deber de soportar el daño y por tanto no tiene derecho a ser indemnizada (por ejemplo porque el daño ha ocurrido por su culpa, o sin culpa de nadie), o bien se concluye que debe soportarlo quien lo ocasionó (y en tal caso se le impone el deber de indemnizar). En este último supuesto la idea es que la víctima queda “indemne” gracias al resarcimiento, y que el daño se reubica en el patrimonio de quien lo causó. Nuestro sistema jurídico establece que la persona que por acción u omisión causa daño a otro, con culpa o negligencia, debe reparar el daño causado. Así lo determina el venerable artículo 1902 del Código Civil, vigente desde que en 1889 lo tomamos prestado del vecino del norte.

Con este sistema, y algunos elementos adicionales, nos hemos venido apañando razonablemente bien en los últimos ciento y pico años, gracias sobre todo a la habilidad de los tribunales para ir elaborando doctrinas para dar respuesta a los casos más problemáticos. Cabe pensar que del mismo modo se acabará consolidando una línea jurisprudencial adecuada para resolver los retos derivados de los daños colaterales que pueden generar ciertos servicios prestados en Internet. Pero me temo que ese momento todavía está lejos. Entre otras cosas porque la idea de negligencia depende de lo que se entienda que es el correcto desarrollo de la actividad que se trate, su lex artis, y esto se va configurando con el tiempo. También se necesitará tiempo para ver si los tribunales acaban inclinándose por prescindir del requisito de culpa y basar la responsabilidad en la doctrina del riesgo, como ha ocurrido con otras actividades. Esta doctrina establece en síntesis que quien pone en marcha una actividad que comporta el riesgo de generar daños debe hacerse responsable de los mismos, sin necesidad de probar que en el caso concreto ha obrado con negligencia.

La red es una fuente inagotable de retos que obligan a una nueva reflexión sobre el modo de aplicar las normas tradicionales. Un ejemplo particularmente interesante es la función de “autocompletar” de Google. No me refiero tampoco al hecho de que al teclear el nombre de una persona Google nos muestre entre los resultados contenidos negativos, quizás noticias antiguas ya desmentidas, que pueden dañar la intimidad del sujeto. En esos casos se trata de que el buscador localiza una información (sea verdadera o falsa) alojada en algún sitio web, y se plantea la espinosa cuestión del “derecho al olvido”. Tampoco estoy haciendo referencia a Google Instant (el sistema que va mostrando los resultados mientras el usuario está todavía escribiendo las palabras que desea buscar).

Estoy pensando en la mera función de autocompletar, que se limita a sugerir posibles términos de búsqueda, a partir de un algoritmo que tiene en cuenta las búsquedas realizadas por otros usuarios. Así, si empiezo a escribir “New Y”, me sugiere “New York”, “New York Times”, etc. Las sugerencias no derivan propiamente de los contenidos disponibles en la red, sino de lo que han tecleado otros usuarios (aunque ambas cosas tienen una estrecha relación). Por ejemplo, escribo en Google “¿los reyes son” y en ese momento me muestra la siguiente sugerencia de búsqueda: “los reyes son los padres”. Puede resultar gracioso (o dramático), según los casos.

¿Pueden derivarse daños de esta función tan simple, y tan aparentemente neutra? Sí, desde luego, estas sugerencias pueden dar lugar a asociaciones de ideas que perjudiquen la fama de una persona o de una empresa. ¿Y cabría exigir responsabilidad a Google por ello? Pues bien, así lo han declarado ya algunas sentencias en distintos países. ¿Nos estamos volviendo locos? Es posible. Pero más probable quizás es que estemos aún en ese estadio inicial en que no hemos hallado todavía la forma afinada de aplicar las normas con una correcta ponderación de las nuevas realidades.

Sólo algunos ejemplos:

  • En Italia, al buscar el nombre de una empresa, la herramienta de autocompletar sugería añadir las palabras “estafador”, o “estafa”. No le hizo mucha gracia al dueño de la compañía y decidió demandar a Google. En sentencia de 24 de marzo de 2011, el Tribunal de Milán consideró que Google era responsable por no haber impedido semejante asociación.
  • En Francia, dos casos decididos en diciembre de 2009 condenaron a Google por asociar la palabra estafa (arnaque) al demandante. En un caso se trataba de la entidad Direct energie, y en otro de la entidad Centre national privé de formation à distance (CNFDI).
  • Otro caso francés, referido a una persona física, terminó también en condena a Google, por sentencia de 8 de septiembre de 2010.
  • Más recientemente, sin embargo, otro pleito decidido en Francia, se resolvió a favor del buscador, mediante sentencia de 3 de mayo de 2011. A diferencia de los anteriores ejemplos no se trataba de asociar el nombre de una persona a expresiones injuriosas, sino de sugerir las palabras “megaupload” o “rapidshare”, y por tanto la posibilidad de localizar enlaces para descarga directa de archivos sujetos a propiedad intelectual.
  • En 2007, un caso belga referido también a propiedad intelectual se falló igualmente a favor de Google. En esa ocasión la herramienta de autocompletar sugería añadir la palabra “crack” al teclear el nombre de programa de ordenador.
  • El pasado mes de mayo un tribunal argentino acordó medidas cautelares contra Google en relación con la funcionalidad de búsquedas sugeridas.
  • Hace pocos días, en Irlanda, el Ballymascanlon Hotel demandó a Google porque en las sugerencias su nombre aparecía vinculado a una expresión legal (receivership) indicativa de la insolvencia de la compañía.

No hay, de momento, casos en España… ¿todo se andará?

[ACTUALIZACIÓN 5.02.2012]: Otro interesante caso en Francia en el que se condena a Google y a su CEO Eric Schmidt. En esta ocasión la demandante fue la entidad Lyonnaise de Garantie. Los demandados fueron condenados en primera instancia y la sentencia ha sido confirmada en apelación

8 Comments leave one →
  1. 25 June 2011 17:48

    Muy bueno el post! Muy interesante, se vienen mas casos de este tipo en la Argnetina y no solo con la busqueda instantanea sino tambien con los extractos de busqueda…

  2. Miquel Peguera permalink*
    25 June 2011 22:10

    Gracias Pablo!
    Ya me mantendrás al corriente de las novedades en Argentina, que son siempre muy interesantes.
    Saludos
    Miquel

  3. 27 June 2011 12:30

    Muy interesante. En Brasil no he escuchado discusiones al respecto, voy a buscar.

  4. Cláudio Santos permalink
    27 June 2011 12:32

    Muy interesante. En Brasil no he escuchado discusiones al respecto, voy a buscar.

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