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La enigmática sentencia de la Audiencia sobre elrincondejesus.com (y 2)

20 April 2011

En el post anterior (del cual este es continuación), manifestaba mi convicción de que la Audiencia (AP) no había entendido en qué consistían las descargas directas que ofrecía la web del demandado.

La AP trata de describir qué entiende por “descargas directas” y lo único que cabe sacar en claro es que las imaginó como descargas: a) de archivos no necesariamente alojados en la web del demandado, y b) que se realizaban “desde” o “a través de” la propia web (lo que parece significar, siguiendo el lenguaje empleado en la demanda, que se realizaban “directamente”, “sin redireccionar a otra web de modo automático”).

La AP entendió que permitir estas descargas supone un acto de comunicación pública, argumentando que

El demandado, al permitir desde su página web la descarga directa, lleva a cabo una puesta a disposición del público, y en concreto del que visita la página web y solicita la descarga, de las obras afectadas (…) En la medida en que [esta operación] se realiza[] desde la página web del demandado, puede concluirse que es éste quien lleva a cabo la puesta a disposición del público de las obras, al margen de si ha sido él u otro quien las haya colgado en la red.

Por el tenor de las descripciones que ofrece la sentencia, creo en la noción de “descargas directas” que maneja la AP no entrarían las realizadas por vía de enlaces que redireccionan al usuario a una página de Megaupload. Y sin embargo, esto es lo que ocurre con lo que las páginas de enlaces califican normalmente como descargas directa. En efecto, al clicar en un link de los que las webs de enlaces suelen etiquetar como “descarga directa” no se inicia la descarga del archivo, sino que, como explicaba en el post anterior, el usuario es redirigido a una página del servidor de descargas (Megaupload u otro) donde está alojado el archivo. Una vez allí tiene que decidir si ordena o no la descarga. Resulta meridiano para el usuario que el archivo está en otro sitio, y que se lo baja “desde” ese otro sitio. Un típico enlace de “descarga directa” funcionaría así (no voy a poner un ejemplo de contenido musical): Descarga directa del último auto de eDonkeymania. Como puede verse, clicando en el enlace no se inicia la descarga sino que se reenvía al usuario a una página de Megaupload con la que deberá interactuar para descargar el archivo en cuestión.

¿Habría considerado la AP que en un enlace de este tipo es el demandado quien pone la obra a disposición del público? Entiendo que no. Veamos por qué.

Cuando la sentencia analiza los enlaces a redes P2P, argumenta que quien pone a disposición la obra no es la web de enlaces, sino los usuarios que han colocado la obra en la carpeta compartida de sus ordenadores:

En una red de archivos compartidos P2P, quien, disponiendo de un archivo musical o de una película, lo introduce en una carpeta de archivos compartidos, a la que cualquiera puede tener acceso mediante un programa cliente P2P, además de llevar a cabo un acto de reproducción no amparado por la excepción del mi. 31.2 TRLPI, pues no cabría hablar de un uso privado, está poniendo estos archivos a disposición del público, y por ello realiza un acto de comunicación pública previsto en el art. 20.2.i) TRLPI. Pero el titular de la página web que facilita el enlace, además de la previa selección de los archivos, aunque contribuye indirectamente a esta infracción de los derechos de propiedad intelectual afectados por la comunicación pública, no lleva a cabo directamente estos actos. Por supuesto que no realiza ninguna reproducción, ya que se limita a suministrar el link, a ofrecer un enlace, a través del cual, eso sí, se podrá llevar a cabo un posterior acto de comunicación pública del archivo compartido. Pero el ofrecimiento del enlace no supone un acto de disposición del archivo, razón por la cual no cabe habar de la “puesta a disposición” en que consiste la actividad tipificada en la letra i) del art. 20.2 TRLI como acto de comunicación pública.

Creo que si la AP hubiera entendido que las descargas directas son enlaces que redirigen a Megaupload, habría aplicado este mismo razonamiento, llegando a la conclusión de que quien realiza el acto de puesta a disposición es Megaupload, y no quien se limita a facilitar el correspondiente enlace.

La sentencia apoya su razonamiento en la doctrina:

Como se ha argumentado en la doctrina: “la puesta a disposición tiene lugar en los ordenadores de los usuarios donde se halla la obra, y desde donde se puede descargar a través de programas cliente P2P; son, por tanto, estos usuarios quienes realizan la puesta a disposición.

Cuando un usuario acude a la página de enlaces y pulsa en un link, se ejecuta el programa cliente que ese usuario tiene instalado en su ordenador (v.gr. eMule), y se inicia la descarga del archivo desde los ordenadores donde la obra se halla puesta a disposición. En esa descarga, los datos no pasan por el servidor donde se aloja el sitio web de enlaces, de modo que el usuario que descarga no recibe los datos (la obra) a través del sitio de enlaces, sino directamente desde los ordenadores que alojan ese archivo. No hay, pues, ni siquiera una participación en la transmisión de los datos que pudiera entenderse como una suerte de «retransmisión»”.

La “doctrina” que está citando aquí la AP es un artículo mío (p. 4) (PDF), y como a uno no lo citan todos los días (y además en el fondo he venido a hablar de mi libro, ja, ja) aprovecharé para hacer alguna precisión. Lo que indicaba en los párrafos citados es que no creo que en los enlaces a redes P2P quien facilita el enlace lleve a cabo la concreta modalidad de “puesta a disposición” del art. 20.2.i) TRLPI, modalidad que no agota las formas posibles de comunicación pública. Y tratándose de enlaces que redirigen al usuario a una página de Megaupload (de los que no hablaba en el artículo, porque no se habían tratado en la sentencia de primera instancia que era el objeto del comentario) mi conclusión sería la misma. Pero, en el artículo apuntaba también que, al margen de la modalidad de puesta a disposición, a la vista de la amplitud de la cláusula general del art. 20.1 TRLPI “no cabe descartar interpretaciones jurisprudenciales expansivas en el sentido de considerar que la provisión del enlace es un acto que permite a una pluralidad de personas acceder a la obra (enlazada) sin previa distribución de ejemplares” (p. 5).

Mi posición, de todos modos, no es la de que el criterio tecnológico (por dónde pasan los bits) sea absolutamente determinante para decidir si hay o no comunicación pública. Pensemos por ejemplo en el streaming de video proporcionado por una web de enlaces mediante enlaces ensamblados (embedded links). El archivo se halla alojado en Megavideo, pero la web de enlaces (por ejemplo http://www.veocine.es) ha dispuesto en su página una ventana para su visionado en streaming. Creo que allí, atendidas las circunstancias del caso concreto, cabría plantear si no hay una verdadera comunicación pública al amparo de la cláusula general del art. 20.1 TRLPI. De todos modos es preciso proceder con cautela, y tener en consideración el sentido de la actividad en cada caso, ya que una generalización de la tesis de que streaming equivale en todos los casos a comunicación pública podría llevar aparejados efectos indeseables.

En resumen, y por lo comentado en este post y en el anterior, discrepo de la opinión de David Maeztu en cuanto a que la AP identifique “descargas directas” con archivos albergados en la propia web del demandado y por tanto estoy de acuerdo con Andy Ramos en que la condena de la AP no se refería a archivos alojados en la web de enlaces, y también en que la AP considera que cuando el acceso es verdaderamente inmediato (como en un embedded streaming) hay comunicación pública. Sin embargo el acceso en este caso (a pesar de llamarse “descarga directa”) no era directo, sino que los enlaces redirigían a una página de Megaupload, por lo que creo que la doctrina de la sentencia no es realmente aplicable a este tipo de enlaces.

Por último, la sentencia despeja un tema que es clave desde el punto de vista de la Ley Sinde: sólo hay violación de la LPI cuando se lleva a cabo un acto de infracción directa, es decir, cuando se realiza directamente el acto reservado por un derecho exclusivo. No cabe ejercitar acciones por violación de la propiedad intelectual contra actos indirectos o secundarios. La Ley no recoge (salvo en sede de medidas tecnológicas) la idea de infracción contributiva, o contributory infringement. Luego mal podrá la Comisión declarar que hay vulneración de la LPI por parte de quienes proporcionen enlaces a redes p2p, ni tampoco por parte de quienes faciliten enlaces que redirigen a páginas de servidores externos.

2 Comments leave one →
  1. 12 May 2011 13:21

    Qué terrible e injusto que pudiese llegar el día en que un bloguero sea reprimido por poner “enlaces”. Consecuencia de las leyes sobre protectoras.

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  1. Redes P2P y la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual: Caso “elrincondejesus.com” // law#IT

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