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La Ley Sinde contra las Audiencias Provinciales

9 December 2010

Las filtraciones de Wikileaks han vuelto a poner en primer plano la Ley Sinde (es decir, la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, todavía pendiente de aprobación en el Congreso), al revelar las presiones ejercidas por los Estados Unidos para que España tomara medidas contra la infracción de derechos de propiedad intelectual. Uno de los problemas principales del Proyecto, si no el principal, es que se asigna a la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual una misión poco menos que imposible: la de interpretar la Ley de Propiedad Intelectual en sentido opuesto a como han venido haciéndolo los jueces y tribunales de forma prácticamente unánime en relación con las páginas de enlaces.

En efecto, son ya muy numerosas las resoluciones que se han dictado en el sentido de que las páginas de enlaces no incurren en infracción de la LPI, y por tanto tampoco no cometen un delito contra la propiedad intelectual conforme al art. 270 del Código Penal. En el apartado de resoluciones judiciales de este blog he ido recogiendo estas decisiones, muchas de las cuales he comentado también en diversas entradas.

En este post, a modo de recapitulación, quiero recordar tan sólo las resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales (AP) en asuntos de naturaleza penal. Si llevo bien la cuenta, son hasta el momento las siguientes:

En resumen: catorce casos en los que ha intervenido la Audiencia correspondiente, ninguno de los cuales ha finalizado en condena. En nueve ocasiones, la Audiencia correspondiente ha confirmado el sobreseimiento por no apreciar delito en los hechos denunciados, y en una ha confirmado la absolución. Por otra parte, en cuatro ocasiones, la Audiencia, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, ha ordenado que el Juzgado de Instrucción siga adelante con el procedimiento. De estos, el más reciente (el auto del caso Todotorrente), es el que más claramente se aparta de la línea general seguida por las restantes Audiencias, al considerar que la actividad de una página de enlaces sí constituye un supuesto de comunicación pública.

ACTUALIZACIÓN (9 DIC 2010, 14:15).- En esta relación faltaba el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 3ª, de 26 de Octubre de 2010, del caso Divxonline, por el que se revoca de nuevo el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción y se ordena seguir adelante con el procedimiento. (Gracias, David)

2 Comments leave one →
  1. 10 December 2010 10:42

    Lo peor de todo es saber que, aun conociendo el por qué y el cómo de la gestación de esta futura normativa, una vez aprobada y publicada en BOE los jueces no van a tener más remedio que acatar que un órgano administrativo asuma funciones que corresponden a jueces y tribunales (espero que alguien me corrija si estoy equivocado). Todo lo más, cabría esperar que en algún procedimiento en el que se intentara aplicar este “apéndice” se iniciara una cuestión de inconstitucionalidad; porque si basamos las esperanzas en que algún grupo político lo denuncie ante el TC…

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  1. Coherencia, consecuencia, frío | ¿Hay Derecho?

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