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Sobre la Ley Sinde

18 September 2010

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible (y con ella la “Ley Sinde”, es decir, su disposición final segunda) sigue su curso en el Congreso, donde se van acordando sucesivas ampliaciones del plazo para la presentación de enmiendas. La última prórroga concedida vence el próximo martes 21.

Sigo pensando que la Ley Sinde constituye una mala solución, jurídicamente problemática además de ineficaz. Junto con el comentario a la sentencia de instancia del caso de la web elrincondejesus en La Ley, publiqué una breve columna de opinión al respecto que aprovecho para reproducir aquí:

Las acciones ejercitadas contra páginas de Internet que ofrecen enlaces a obras protegidas no han dado, de momento, el resultado esperado por los titulares de derechos. Salvo dos condenas dictadas de conformidad, todos los casos penales en que ha recaído una resolución que pone fin al procedimiento se han sobreseído. El motivo se halla en que no concurre el tipo objetivo del artículo 270 del Código Penal, ya que la mera provisión de enlaces no constituye un acto de comunicación pública de la obra enlazada. Por la misma razón, también en vía civil se han venido denegando las medidas cautelares, y la primera sentencia dictada en el orden civil –la del caso elrincondejesus– ha desestimado íntegramente la demanda. Ciertamente, estas páginas facilitan la realización de infracciones de propiedad intelectual por los usuarios, por lo que la frustración de los titulares de derechos resulta comprensible. Sin embargo, los obstáculos legales para la persecución de las mismas no son de orden procesal, sino sustantivo. Por este motivo, entre otros muchos, la idea de crear un órgano administrativo –previsto en la Disposición Final 2ª del Proyecto de Ley de Economía Sostenible– para dictar medidas contra estas páginas se revela como un sinsentido. Si la dificultad para actuar contra las mismas estriba en que su actividad no es constitutiva de infracción, el mismo obstáculo se encontrarán los integrantes de la proyectada Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual cuando deban apreciar si tales páginas vulneran la LPI. Existen, quizás, otras vías no suficientemente exploradas –ya sean las medidas de cesación frente a intermediarios previstas por la LPI, la acción general de responsabilidad extracontractual, o incluso la vía de interpretar en sentido amplio la noción de infracción de la LPI para incluir en ella la infracción indirecta–, pero sólo la autoridad judicial está en condiciones de decidir sobre estas pretensiones. Y, desde luego, no es aceptable una reforma basada en la esperanza de que una comisión administrativa apreciará infracción donde los jueces no la ven.

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