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Una vez más: el mero enlace no es comunicación pública (caso indice-web)

12 May 2010

Ayer trascendió la sentencia dictada en el caso de la web de enlaces indice-web.com, de la que dieron noticia conjuntamente sus abogados, Javier de la Cueva y David Bravo. Se trata de la Sentencia 149/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, de 22 de abril de 2010. En ella, el juez desestima íntegramente la demanda y condena a la actora al pago de las costas.

La SGAE demandaba al administrador del sitio web indice-web.com alegando que a través de dicho sitio llevaba a cabo «la comunicación pública (mediante la puesta a disposición) y la reproducción de obras musicales del repertorio gestionado por SGAE». La demanda solicitaba la declaración de la infracción, la cesación en tal actividad, y también la suspensión de los servicios del proveedor del hosting de dicho sitio web. Solicitaba asimismo la indemnización de daños y perjuicios, los gastos incurridos en  un documento de investigación privada aportado con la demanda y las costas del procedimiento.

El planteamiento, por tanto, es muy similar al de la demanda interpuesta por la SGAE contra el administrador del sitio web elrincondejesus, y que dio lugar a la primera sentencia civil referida a webs de enlaces, que desestimó la demanda. Cabe notar, sin embargo, una novedad de cierto interés, y es la invocación explícita, como supuesta fuente de responsabilidad, del artículo 13 de la LSSICE.

En lo esencial, la sentencia de indice-web sostiene lo mismo –y creo que de modo mejor argumentado– que la del caso de elrincondejesus, a saber, que la mera provisión de enlaces no constituye un acto de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Con alguna excepción, parece pacífico en la doctrina que esto es así. Otra cosa es la eventual responsabilidad derivada de la colaboración a la realización de actos infractores por parte de los usuarios del sitio web. Pero si lo que se alega, y en lo que se fundamenta la demanda, es que los actos de demandado constituyen actos de reproducción y de comunicación pública, no parece posible otra conclusión que la sostenida por el juez (salvo que se hiciera una interpretación muy amplia de la definición general del derecho de comunicación pública del art. 20.1 TRLPI, que por el momento no parece gozar del favor de la doctrina ni de la jurisprudencia).

Respecto de la invocación del artículo 13 LSSICE, la sentencia señala que:

Dicha alegación, sin más especificación, no puede servir para fundar una eventual condena por determinados preceptos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, como pudiera ser el artículo 17, relativo a la responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. Otra cosa dejaría en una completa indefensión al demandado.

Creo que es una decisión acertada. El artículo 13 LSSICE no constituye una fuente de responsabilidad. De hecho, contra lo que parece apuntar el juez, tampoco lo es el artículo 17 LSSICE.

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