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Puesta a disposición en redes P2P: más sobre la sentencia de elrincondejesus (y 3)

7 April 2010

En esta entrada, la última de la serie dedicada a analizar la sentencia de elrincondejesus (previas entradas aquí, aquí y aquí) me referiré brevemente a la tesis, sostenida por la sentencia, de que la conducta de los usuarios que comparten archivos en redes P2P no encaja en la categoría de acto de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición.

En primer lugar conviene recordar que el objeto del pleito se limitaba a determinar si la provisión de enlaces a redes P2P en la página del demandado constituía una infracción. El análisis de la legalidad de la conducta de los usuarios no era el objeto del debate, puesto que no se demandaba a un usuario, ni tampoco se fundaba la acción contra el demandado en una supuesta colaboración con la conducta de los usuarios.

En cualquier caso, la sentencia, como ya hizo el auto de denegación de medidas cautelares, entra a examinar la legalidad de la conducta de los usuarios que intercambian archivos. En el post anterior vimos los argumentos de la sentencia para considerar que las descargas que realizan los usuarios están amparadas en el límite de copia privada. En el Fundamento Jurídico 4 (FJ. 4) se examina el otro punto de posible infracción por parte de los usuarios: el derecho exclusivo de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición (art. 20.2.i del TRLPI). Este texto legal dispone lo siguiente:

«Artículo 20 Comunicación pública.

1. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.

No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo.

2. Especialmente, son actos de comunicación pública:

(…)

i) La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.»

En realidad creo que la cuestión es muy simple: el usuario que coloca archivos en su disco duro, dentro de una «carpeta compartida» a la que cualquiera puede acceder mediante un programa cliente P2P, está poniendo esos archivos a disposición del público. No hay en ello ningún problema, salvo en el caso de que esos archivos contengan obras protegidas. En tal caso se requiere autorización del titular de los derechos para realizar ese acto de puesta a disposición.

La sentencia trata de demostrar que «el tipo legal no cuadra exactamente y en todo[s] los casos con el comportamiento de los usuarios de tales redes» (FJ. 4). La argumentación se contiene en un único párrafo del FJ. 4 que reproduzco a continuación intercalando observaciones:

«Sin duda que mediante las redes P2P se produce una puesta a disposición del público de obras sin previa distribución de ejemplares y, al menos, potencialmente, aunque no se haga una efectiva bajada por parte de otros usuarios. Y este comportamiento puede en muchos casos ir encaminado a una pluralidad de personas.»

Empieza, pues, reconociendo que mediante esas redes se produce un acto de comunicación pública (la puesta a disposición del público de obras sin previa distribución de ejemplares). Pero sigue con algo que en mi opinión denota una deficiente comprensión de este derecho exclusivo, al decir «y, al menos, potencialmente, aunque no se haga una efectiva bajada por parte de otros usuarios». La puesta a disposición no ocurre “potencialmente”. Lo que ocurre “potencialmente” son las descargas, esto es, puede que nadie se descargue nada de ese ordenador. Pero la puesta a disposición es actual, ya que los archivos son accesibles a través de la red P2P. La última frase resulta de nuevo sorprendente: «Y este comportamiento puede en muchos casos ir encaminado a una pluralidad de personas». No es que “pueda”, “en muchos casos”. Si los archivos están disponibles en una carpeta compartida y son accesibles vía eMule, esos archivos están a disposición del público en general.

Sigue la sentencia en los siguientes términos:

«Sin embargo, de nuevo, el tipo legal no cuadra exactamente y en todo[s] los casos con el comportamiento de los usuarios de tales redes, puesto que, por un lado, en la mayoría de los casos el usuario tiene como única intención descargar un archivo desconociendo si de la parte de ese archivo que tiene descargada en una parte del disco duro de su ordenador se están descargando a su vez otro usuario o una pluralidad de usuarios.»

Aquí el juez no se refiere propiamente a la conducta de quien sitúa archivos completos en una carpeta compartida (acción que, por otra parte, puede estar determinada por defecto por el programa cliente), sino al hecho de que durante la descarga la porción ya descargada resulta ya accesible al resto de usuarios. Ahora bien, el elemento intencional no forma parte del tipo legal. Lo determinante para que exista puesta a disposición no es ni la intención ni el conocimiento de quien la efectúa.

Continua la sentencia:

«Puede ser perfectamente posible que el intercambio de archivo sea con una única persona o con un escaso número de personas.»

De nuevo: la puesta a disposición prevista en el artículo 20.2.i, no depende de que se lleve a cabo una efectiva transmisión, total o parcial, del archivo puesto a disposición.

Sigue:

«También es perfectamente posible que el sistema permita al usuario impedir la subida de datos desde su equipo, aunque realice descargas al mismo tiempo o que el propio usuario elimine de su disco duro las obras que podrían ser objeto de descargas por otros usuarios.»

En estos casos, esto es, cuando los terceros no pueden acceder a los datos, está claro tales datos no están puestos a disposición. Pero esto no desvirtúa la tesis de que sí hay puesta a disposición cuando los datos sí resultan accesibles.

«A ello se ha de añadir, como se ha indicado, que puede haber archivos que no son protegidos, u obras que ya no son objeto de protección porque ha transcurrido el plazo de duración de los derechos, o también obras que cuya protección no está encomendada, en este caso concreto, a la SGAE.»

Por supuesto. La puesta a disposición de estos archivos no requiere autorización.

«Y a todo ello se ha de añadir la imposibilidad actual de identificación de los usuarios en el marco del procedimiento civil en el sentido aludido.»

¿Y bien? Como la anterior, no se trata de una objeción a la calificación jurídica de los actos consistentes en hacer accesibles archivos protegidos a través de las redes.

La argumentación finaliza siguiente frase:

«En definitiva, no hay que olvidar que se trata de un mero intercambio de archivos entre particulares, sin ánimo de lucro directo o indirecto (pues difícilmente puede establecerse una necesaria relación de causalidad entre descarga y ausencia de compra de la obra) a través de un medio como es la red de Internet, que a diferencia de otras tecnologías obsoletas (intercambio o copia de casette a casette), se ha tornado masivo y de ámbito mundial, como también lo es la distribución, por el mismo medio, publicidad, acceso y comunicación autorizada de obras por sus autores y gestores con los correspondientes beneficios económicos y de difusión cultural.»

Se mezclan aquí elementos muy diversos. Primero: que se trata de «mero intercambio de archivos entre particulares». No sé muy bien qué se quiere indicar con esto. Desde luego un «particular» puede llevar a cabo actos de puesta a disposición. Esta modalidad de comunicación pública no está reservada a empresarios o profesionales. Segundo: que no hay ánimo de lucro. El ánimo de lucro no es un elemento integrante de la definición de comunicación pública, ni tampoco de la específica modalidad de puesta a disposición, por lo que su ausencia no afecta para nada a la calificación jurídica del acto como puesta a disposición. Por último, el resto de la frase parece apuntar la idea de que lo que se lleva a cabo con las redes P2P es simplemente lo mismo que antes se hacía con los cassettes (y supongo que de aquí se quiere inferir que si el intercambio de cassettes no requería autorización tampoco la requiere el intercambio de archivos en redes P2P). De nuevo, me parece, es una apreciación que en nada afecta a la calificación jurídica que se discute. Por otra parte, a diferencia de lo que podía ocurrir con el intercambio de cassettes (o bien con el préstamo del disco a un amigo para que se lo grabe en una cinta) el intercambio de archivos en redes P2P se produce en el ámbito público: cualquiera que disponga del programa cliente puede realizar la descarga. En este sentido puede ser oportuno traer a colación el segundo párrafo del art. 20.1: «[n]o se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo».

Como conclusión, me temo que el conjunto de argumentos esgrimidos por la sentencia no desmienten de ningún modo la tesis inicial de que, de acuerdo con el TRLPI, el usuario que coloca archivos en una «carpeta compartida» a la que cualquiera puede acceder mediante un programa cliente P2P, está poniendo esos archivos a disposición del público. Y, de acuerdo también con el TRLPI, esa puesta a disposición requiere la autorización del titular de derechos si se trata de archivos que contienen obras protegidas.

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