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Webs de enlaces: La Audiencia de León confirma el archivo del caso portalvcd y emule24horas

7 November 2009

La Audiencia de Provincial de León, en Auto de 15 de octubre de 2009 (PDF), confirma el sobreseimiento y archivo de las actuaciones seguidas contra los sitios web de enlaces P2P portalvcd.com y e-mule24horas.com, informa el Bufet Almeida.

En el procedimiento penal abreviado, el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Ponferrada, mediante Auto de 31 de octubre de 2008, había decretado el sobreseimiento libre y archivo de la causa. Contra el mismo se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación. El Juzgado desestimó el recurso de reforma en auto de fecha 27 de enero de 2009, y ahora la Audiencia desestima también el recurso subsidiario de apelación, confirmando la resolución recurrida. El Ministerio Fiscal, según indica el Auto, se opuso al recurso y solicitó su desestimación y la confirmación del auto apelado.

El Auto resulta más bien opaco para quien no haya sido parte en el procedimiento. En primer lugar no aporta descripción alguna de la conducta denunciada. En el apartado de “hechos” se limita a dejar constancia de la existencia del auto de sobreseimiento y archivo, así como de la interposición del recurso y la desestimación del de reforma. Tampoco el apartado de “razonamientos jurídicos” ofrece muchas pistas. No se indica, ni siquiera telegráficamente, una síntesis de los principales argumentos esgrimidos por las partes, por lo que sólo cabe tratar de imaginarlos. Sin conocer el detalle de la cuestión jurídica o fáctica discutida es difícil extraer conclusiones de esta resolución.

Los “razonamientos jurídicos” del auto pueden resumirse del modo siguiente. En primer lugar indica que acepta los de la resolución apelada y del auto resolutorio del recurso de reforma, sin detenerse a dar explicación alguna al respecto. Señala también que a juicio de la Audiencia “no se han aportado por la parte recurrente los posibles y en todo caso necesarios elementos de hecho y jurídicos que alcancen a desvirtuar los dos autos del Juez de Instrucción, lo que conlleva a desestimar el recurso y confirmar dicha resolución de sobreseimiento libre y archivo en razón de lo que se pasa a exponer”. Es aquí donde cabría esperar un cierto detalle que permitiera descubrir los puntos concretos objeto de disputa. Pero las explicaciones que aquí proporciona el Auto se limitan en síntesis sostener lo siguiente:

a) Que el tipo definido en el art. 270.1 CP es un delito doloso, por lo que “en modo alguno cabe incluir en el mismo la punición de conductas imprudentes”.

b) Que no hay lesión del derecho a la tutela judicial efectiva porque en el sobreseimiento libre y archivo se justificaron suficientemente las razones de hecho y de derecho para concluir que “los hechos denunciados no revelan datos indiciarios de la comisión de precitado delito penal”. A este respecto la Audiencia señala que “la resolución judicial de instancia recurrida” está “plasmada en el auto de sobreseimiento libre y archivo en su conjunción con el Auto de 20 de diciembre de 2.007”. Cabe pensar que este último auto, al que no he tenido acceso, proporciona una justificación más detallada que la del escueto Auto de archivo.

c) Que la autoridad judicial no está obligada a practicar todas las diligencias de investigación solicitadas por las partes, sino sólo las que entienda pertinentes y útiles.

d) Por último, razona el Auto que “[e]n el presente procedimiento no se ha llegado a acreditar indiciariamente que fuesen los denunciados la persona o personas que hubiesen llevado a cabo alguno [sic] tipo de actuación informática que pudiera estar incardinar [sic] en precitado tipo penal – artículo 270 C. Penal – por cuanto según consta en el informe que al respecto es llevado a cabo por los técnicos especialistas del Cuerpo Policial de Investigación, no se ha podido determinar la persona o personas que hubiesen realizado tal tipo de actuaciones”.

Es frustrante el Auto no diga de qué “actuaciones” se trata. No arroja más luz el siguiente párrafo, con el que el Auto concluye los razonamientos jurídicos:

“En conclusión, independientemente de que la conducta objeto de base de la pretensión revocatoria peticionada pudiera constituir “per sé” [sic] el ilícito del Artículo 270 del C. Penal, ante la realidad de la imposibilidad de determinar el autor de tal actuación determina la corrección jurídica de carácter procesal y penal de la resolución recurrida, independientemente de los derechos de las entidades comerciales recurrentes que en todo caso encuentran su cauce procesal para ser ejercitados en la vía civil”.

Si nos atenemos al texto del Auto parece que se hayan denunciado unos hechos que podrían ser constitutivos de delito y que el problema consiste en que no ha sido posible determinar su autoría, y por tanto no resultan atribuibles a los acusados. Sin embargo no es esto lo que se sigue del Auto de archivo, que claramente indica que los hechos atribuidos a los imputados no son constitutivos de delito. En definitiva el Auto de la Audiencia, al confirmar la resolución de archivo basada en que los hechos no constituyen delito, supone un espaldarazo a la línea jurisprudencial representada por el caso Sharemula. Pero es una lástima que no se haya molestado en hacer explícitos los puntos discutidos y la calificación jurídica de los hechos denunciados.

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