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Malos tiempos para RojaDirecta

9 December 2016

roja-directa

La sociedad que gestiona la web RojaDirecta, Puerto 80 Projects, S.L.U, así como su único socio y también administrador único, han sido condenados en vía civil por violación de los derechos de propiedad intelectual de Mediapro (Mediaproducción S.L.U.).

La sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de A Coruña el día 22 de noviembre de 2016 concluye que la actividad de la conocida página, que ofrece enlaces a retransmisiones de eventos deportivos en streaming, concluye que la actividad de la página constituye un acto no autorizado de comunicación pública.

La resolución cita la jurisprudencia del TJUE en materia de enlaces y propiedad intelectual, en particular los casos Svensson, BestWater y GS Media, y concluye que:

“lo que realiza rojadirecta es un acto de comunicación al público, así se infiere de la prueba practicada en relación particularmente con la sentencia Svensson y es un acto de comunicación además dirigido a un público nuevo en el sentido de la sentencia de GS Media ya que se dirige a la generalidad de los internautas, que no podrían visualizar los partidos en otro caso, cuando los partidos solo iban dirigidos a los abonados de las demandantes. Y son proporcionados por personas (las demandadas) que conocían o podían conocer razonablemente el carácter ilegal de la publicación.”

En cuanto a las exenciones de responsabilidad previstas en la LSSICE, la sentencia considera que Puerto 80 Projects no es un alojador de contenidos sino un editor, dado su papel activo, que le da conocimiento y control de los enlaces. Sigue así el criterio de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de París, de 19 de marzo de 2015, que cita expresamente, que consideró que la sociedad demandada no puede beneficiarse del estatuto de alojador (hébergeur), resaltando la actividad de organización y selección editorial de los enlaces. Uno de los argumentos de la defensa que la sentencia pone en duda es si realmente los enlaces son suministrados por usuarios de la web, concluyendo que “en el propio portal de rojadirecta no hay medios tecnológicos para que terceros suban enlaces por lo que se infiere que se suben de forma interna por rojadirecta”.

La posible vulneración de derechos de propiedad intelectual por parte de RojaDirecta ya se había avanzado al examinar el fumus boni iuris en los autos de medidas cautelares dictados Juzgado Mercantil nº11 de Madrid (auto de 16 de junio de 2015, aclarado por auto de 18 de agosto de 2015), y especialmente en el extenso auto de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 15 de abril de 2016, que desestimó el recurso contra la adopción de dichas medidas. En aquel momento no se había dictado todavía la sentencia GS Media, pero la AP Madrid ya apuntó la posible violación de derechos siguiendo la doctrina del “público nuevo” establecida en el caso Svensson. De igual modo, la SAPM concluyó que faltaba el requisito de neutralidad exigido por la sentencia L’Oréal/eBay para la aplicación de las exenciones de responsabilidad. Así, señaló la SAPM (y la sentencia de A Coruña recoge la cita) que:

“Hay que tener presente que el titular del sitio enlazado responde de los contenidos que coloca en la red y si éstos están protegidos infringe la propiedad intelectual o el derecho ajeno digno de protección. Pero también será responsable el prestador del servicio de enlaces si éste ya no se mantiene en una postura de neutralidad, es decir, si colabora de algún modo con la actividad infractora o conoce de la ilicitud de los contenidos y no actúa para evitarla. Si éste es sabedor de que el contenido enlazado al que está facilitando el acceso ocasiona perjuicio a derechos de tercero incurrirá en responsabilidad (…) Conductas de esa índole, en las que el prestador del servicio despliega conductas activas de tratamiento, clasificación e indexación de la información, entrañan una ruptura de la neutralidad por parte de aquél y ello con independencia de quien le proporcione inicialmente el enlace y de la tecnología que luego se esté usando para el contacto entre los enlazadores (P2P, streaming, etc) si con ello lo que se produce es un mismo resultado.”

En cuanto a la responsabilidad de la persona física que es socio único y administrador único de la mercantil Puerto 80, la Juez de A Coruña rechaza la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo. En cambio se apoya en el reconocimiento de la responsabilidad secundaria introducida en la reforma de la LPI, en vigor desde enero de 2015, concluyendo que de acuerdo con el artículo 138 LPI debe declararse también la responsabilidad de la persona física por su cooperación en la actividad infractora.

La sentencia de A Coruña puede considerarse la primera aplicación concreta en la jurisprudencia española de la doctrina contenida en la reciente sentencia del TJEU en GS Media (de septiembre de 2016).

Manual sobre Derecho TIC

12 May 2016

derecho ticAcaba de salir al mercado un manual sobre Derecho de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en el que colaboro con un capítulo sobre el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet.

Como se señala en la introducción, el manual pretende acercar la materia a aquellas personas que se adentren por primera vez en la materia desde el punto de vista del estudiante, el académico o el profesional.

La obra, que publica Tirant lo Blanc, ha sido dirigida por Aurelio Lopez-Tarruella y coordinada por Carmen M. García Mirete, y se ha beneficiado de los años experiencia en la dirección del Módulo de Derecho TIC del Magister Lvcentinvs de la Universidad de Alicante.

Los contenidos del libro son los siguientes:

Capítulo 1. Fundamentos técnicos y organizativos de Internet.
Alejandro Bia / Aurelio Lopez-Tarruella

Capítulo 2. El sistema de nombres de dominio y sus aspectos jurídicos
Albert Agustinoy Guilayn

Capítulo 3. Los prestadores de servicios de Internet y la normativa sobre responsabilidad
Miquel Peguera Poch

Capítulo 4. Infracción de marca en Internet
Juan Luis Gracia / Ernesto Cebollero / Valentina Torelli

Chapter 5. Patents and Standards in the Telecommunication Industry
Claudia Tapia

Capítulo 6. El Derecho de autor en el entorno digital
Raquel Evangelio Llorca / Julián Lopez Richart

Chapter 7. Business-to-Business Contracts and eMarketplaces
Teresa Rodriguez de las Heras

Capítulo 8. Protección del consumidor en el entorno digital
Aurelio Lopez-Tarruella

Chapter 9. Electronic Payment Services
Teresa Rodriguez de las Heras

Capítulo 10. El régimen jurídico aplicable a la firma y sello electrónicos en la Unión Europea
Ignacio Alamillo Domingo

Chapter 11. Software Protection and Licensing
Malcolm Bain

Chapter 12. Service Contracts in the Information Technology Sector
Malcolm Bain

Chapter 13. Personal Data Protection
Cecilia Alvarez Rigaudias

Capítulo 14. Aspectos de Derecho internacional privado de las relaciones jurídicas en Internet
Carmen M. Garcia Mirete / Aurelio Lopez-Tarruella

Derecho al olvido y datos alojados en Blogger

4 March 2015
  • De acuerdo con una reciente sentencia de la AN, la AEPD no puede ordenar a Google, en el marco de un procedimiento de tutela de derechos, que retire datos de un blog alojado Blogger.
  • Google, como titular de la plataforma Blogger de alojamiento de blogs, no es responsable del tratamiento de los datos personales que puedan aparecer en un blog.

Desde el pasado mes de diciembre, la Audiencia Nacional (AN) ha ido dictando sentencias en las que aplica ya la doctrina sobre el derecho al olvido que el TJUE estableció en el caso Google Spain. Se trata de recursos que Google planteó en su momento contra resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que tutelaban a particulares en su “derecho al olvido”. En la mayoría de estas sentencias, la AN confirma la resolución de la AEPD, si bien modificando el alcance de la obligación establecida. En sus resoluciones, la AEPD ordenaba a Google “adoptar las medidas necesarias para retirar los datos su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismos”. Ahora, en línea con la sentencia del TJUE, la AN reformula esta orden, limitándose a ordenar a Google a adoptar las medidas necesarias para que los enlaces a las páginas que contienen los datos personales en cuestión no aparezcan en la lista de resultados cuando se realiza una búsqueda a partir del nombre de la persona afectada.

Pues bien, una de estas sentencias (conocida recientemente y ya accesible en la base de datos del Cendoj) resuelve un caso peculiar. Se trata de un típico supuesto de derecho al olvido: al buscar por el nombre de la persona aparece una información sobre un delito cometido años atrás. Ha transcurrido mucho tiempo, se han cancelado ya los antecedentes penales, y la persona en cuestión desea que la información no siga apareciendo en la red. Pero lo interesante del caso es que la información está publicada en un blog alojado en la plataforma Blogger (propiedad de Google). El interesado ejercitó sus derechos de cancelación/oposición frente a Google Spain SL, tanto para que eliminara la referencia en su buscador, como para que retirara los datos del blog por hallarse este alojado en la plataforma de su propiedad. Así lo estimó la AEPD, ordenando ambas cosas a Google Spain.

La sentencia de la AN solo confirma la resolución de la AEPD en cuanto al ejercicio del derecho al olvido en el buscador (y referido sólo a la supresión de enlaces en el caso de búsquedas realizadas por el nombre de la persona). Por el contrario, declara que este derecho no puede ejercitarse frente a quien aloja un blog.

La AEPD había declarado en su resolución que el blog alojado en Blogger “es un fichero automatizado de datos de carácter personal al contener informaciones relativas a personas físicas, del cual es responsable Google Spain, S.L”. La AN afirma en cambio que, de acuerdo con la LOPD, una plataforma de alojamiento de blogs no es responsable del tratamiento de los datos personales que aparecen en los blogs en ella alojados. Por tanto, no es posible acordar la retirada de datos en el marco de un procedimiento de tutela de los derechos de cancelación y oposición ejercidos frente al alojador. El derecho debe ejercitarse frente al responsable del tratamiento, esto es, frente al autor del blog (que no ha quedado acreditado que sea Google Spain)

La AEPD argumentaba que si bien Google, en cuanto alojador del blog, está cubierto por la exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 16 LSSICE, la Agencia es órgano competente para ordenar la retirada de los datos personales (aplicando el artículo 16 en relación con el artículo 8, que permite la restricción de la prestación de servicios de la sociedad de la información cuando estos atenten contra determinados principios, entre los que se incluye la protección de la dignidad de la persona). La AN, sin embargo, rechaza que en el marco de un procedimiento de tutela de derechos, la AEPD pueda ordenar la retirada del material basándose en la LSSICE.

La Audiencia Nacional confirma una orden de retirada de enlaces dictada por la Comisión de Propiedad Intelectual

18 December 2014

En una reciente sentencia (PDF), la Audiencia Nacional (AN) una resolución de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) que ordenaba a la página elitetorrent la retirada de dos enlaces.

Se trata del primer caso en que la AN revisa una resolución de la CPI entrando a valorar el fondo del asunto. Su conclusión es que la página de enlaces incurrió en infracción de propiedad intelectual, por lo que desestima el recurso de los responsables de la web y confirma la resolución de la Sección Segunda de la CPI.

La AN sostiene que los enlaces a contenidos no autorizados constituyen un acto puesta a disposición del público, y por tanto requieren autorización de los titulares de derechos.

Para establecer dicha calificación, la AN se basa en la sentencia del caso Svensson. Allí, el TJUE consideró que un enlace es un supuesto de comunicación, si bien no requiere autorización si apunta a un contenido que los titulares de derechos han puesto a disposición sin restricciones en Internet, porque en tal caso el enlace no se dirige a un “público nuevo”, distinto del que ya tuvieron en cuenta los titulares al autorizar la comunicación inicial.

La AN declara que los criterios de Svensson son plenamente aplicables al caso concreto, y concluye que la página llevaba a cabo un acto de comunicación pública sujeto a autorización, puesto que los titulares de derechos “no habían autorizado la explotación libre de restricciones en internet de su obra”.

La sentencia afirma también que la actividad de la página constituye una “explotación” de la obra que de acuerdo con el artículo 17 de la LPI precisa de la autorización de los titulares de derechos.

Enlaces y propiedad intelectual

22 November 2014

El pasado 13 de noviembre tuve la ocasión de asistir al seminario sobre enlaces y propiedad intelectual organizado por la British Literary and Artistic Copyright Association (BLACA), la sección británica de ALAI. Fue una sesión muy interesante. Tras una breve presentación de Paul Torremans, intervinieron por este orden Jan Rosen, Silke von Lewinski y Lionel Bently. Resumo a continuación y a vuela pluma los aspectos que me parecieron más destacables de las intervenciones, sin ánimo alguno de exhaustividad. Por supuesto, se trata solo de mi percepción subjetiva.

Jan Rosen

Explicó el caso Svensson y sus antecedentes en Suecia. Entre los datos que aportó me llamó la atención un punto que no queda bien reflejado en la sentencia, y es que en la página del periódico digital, los artículos quedaban colgados en libre acceso sólo durante tres semanas. Tras este período, el acceso estaba restringido y a pesar de ello Retriever conseguía establecer enlaces para acceder directamente a los artículos.

Comentó el informe de ALAI sobre enlaces, puesta a disposición y comunicación al público, previo a la sentencia y que en buena parte fue aceptado por el Tribunal, salvo, naturalmente, en la cuestión del “público nuevo” (la necesidad de que la comunicación se dirija a un público nuevo para que pueda calificarse de comunicación pública). Rosen explicó la posición del tribunal y sostuvo que la tesis del nuevo público es un carve-out, un cierto agotamiento del derecho, que a su vez, de acuerdo con el Tribunal, queda limitado en dos sentidos:

(a) en el caso de que existan restricciones de acceso al sitio original: si las hay entonces el público que accede al nuevo enlace, saltándose las restricciones ya no es el mismo que tuvo en cuenta el titular al llevar a cabo la comunicación inicial. Criticó esta solución como bad law. Entiende que, de acuerdo con esta regla, si el enlace se hace a una fuente no autorizada existe infracción aunque simultáneamente la obra esté libremente accesible en una fuente lícita, lo que da lugar a una regla confusa y problemática.

(b) la segunda limitación es que el criterio del público nuevo no entra en juego si el segundo acto de comunicación se lleva a cabo utilizando una tecnología diferente a la que se empleó en la primera. El ponente apuntó que para el tribunal el hecho que ambas se lleven a cabo mediante Internet supone ya que emplean la “misma” tecnología (Internet). El tribunal no distingue entre colgar y enlazar como tecnologías diversas.

Comentó también la cuestión reflejada en el informe de ALAI sobre el nuevo público de que esta tesis no tiene apoyo en los tratados internacionales. Sin embargo se pregunto si quizás no habría que distinguir dos planos: (a) que tenga o no apoyo en los tratados, y (b) que sea contraria a los tratados; sugiriendo que podría no tener apoyo en dichos acuerdos pero ser un desarrollo no contradictorio con los mismos.

Planteó si el balance que realiza el TJUE es o no adecuado. En su opinión, está claro que el tribunal trató de “hacer algo” en beneficio del mercado, o del desarrollo de la red…  Pero se preguntó si realmente el tribunal tiene la percepción correcta del mercado y de Internet. Por ejemplo, comentó que la idea de que si admitimos que todo enlace requiere autorización a continuación viene el caos es en realidad un temor infundado, que desconoce cómo actúan los titulares en el mercado.

Acabó con una información interesante sobre el desarrollo ulterior del caso en Suecia: una vez recibida la sentencia del TJUE las partes llegaron a un acuerdo que puso fin al pleito. Naturalmente, los términos del acuerdo son confidenciales. No hubo, por tanto, una decisión del tribunal nacional sobre el fondo del asunto.

Silke von Lewinski

Presentó el informe de ALAI sobre el criterio del público nuevo. Su exposición se ciñó bastante al contenido del documento. Fue desgranando los mismos argumentos. Criticó duramente al tribunal por el criterio del público nuevo. Expuso los antecedentes de Rafael Hoteles, TVCatchUp, etc.

Insistió en que el público que llega a la obra a través de los enlaces es en realidad y en muy buena parte, un público nuevo, ya que si no hubiera sido por los enlaces jamás hubiera localizado la página original.

Puso de relieve que el tribunal no establece propiamente un agotamiento del derecho, algo prohibido por el Art. 3 de la Directiva InfoSoc, pero que el efecto es el mismo, y que por tanto es en todo caso contrario a la Directiva.

Acabó apuntando tres posibles vías de solución:

(a) Que el tribunal rectifique – quizás si en una próxima cuestión prejudicial se le plantea con toda claridad que el criterio que sigue contradice los tratados internacionales.

(b) Que el legislador de la UE entre en acción y corrija al Tribunal.

(c) Que otras partes contratantes presenten una demanda ante la OMC por infracción de los ADPIC.

Lionel Bently

Expuso el informe de la European Copyright Society (ECS) sobre el caso Svensson, previo también a la sentencia.

Comentó que, visto en perspectiva, quizás no fue acertado incluir el argumento del público nuevo, y que es una lástima que el tribunal haya querido adoptar precisamente este argumento.

Destacó que el objetivo del documento de la ECS era dejar claro que los enlaces no constituyen infracción. Y que esta posición se tomaba precisamente en defensa del copyright, porque si se establece que enlazar es infracción hacemos un flaco favor al sistema del copyright, poniendo a todo el mundo en contra del mismo. Apuntó que es necesario que las normas de copyright sean claras y se entiendan bien por todos. Y que es más claro decir que un enlace no es comunicación (y castigar los enlaces claramente ilícitos por vía de competencia desleal o por el derecho de daños), que afirmar que todo enlace es infracción y luego tratar de buscar excepciones en la teoría de la licencia implícita u otras.

Se mostró muy crítico con la sentencia Svensson. Señaló que la distinción entre linking legítimo e ilegítimo es absolutamente confusa y no ayuda en absoluto a saber si estamos haciendo un enlace legal o no.

Insistió en que una comunicación implica transmisión, y que esto es clarísimo en los antecedentes. De modo que existe una cierta contradicción cuando se quiere entender la puesta a disposición como un supuesto de comunicación, porque la comunicación requiere transmisión, mientras que la puesta a disposición no.

La cuestión, entonces, es si el enlace es o no un acto de puesta a disposición. Explicó que cuando se hicieron los tratados Internet de la OMPI jamás se pensó en los enlaces como supuesto de puesta a disposición. Con esta figura se pensaba en “poner” cosas en Internet. Citó en este sentido algunos documentos preparatorios, donde se insiste en que lo relevante es el acto inicial de puesta a disposición. Dijo que es muy claro que no se pensaba en enlaces y que quizás este punto podía haberse explicado mejor en la opinión de la ECS.

Destacó que la regla de que un enlace no es infracción es también favorable a los titulares. Si enlazar es infringir, la gente dejará de enlazar y nadie llegará al lugar autorizado de puesta a disposición. En lugar de enlazar, se harán copias de los contenidos. Y es mejor tener enlaces que copias piratas.

Tras las intervenciones hubo algunas preguntas, todas interesantes, pero esta entrada es ya demasiado larga.

Hasta aquí, pues, el resumen. Naturalmente todas las posibles imprecisiones y errores son míos!

¿Es legalmente posible el corte de conexión por compartir archivos en P2P?

23 September 2014

¿Cuales son las posibilidades reales de exigir a un ISP que corte la conexión a un usuario que supuestamente infringe derechos de propiedad intelectual? Tomando como punto de partida el caso de nito75, resuelto por la Audiencia de Barcelona hace unos meses, Martin Husovec y yo analizamos la cuestión en un trabajo conjunto, con el título de “Much Ado About Little: Privately Litigated Internet Disconnection Injunctions“. Se trata de una nueva versión, sustancialmente revisada, del trabajo que ya colgamos en julio. El texto ha sido aceptado para su próxima publicación en la revista del Max Planck Institute International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC).

El artículo examina el marco legal de la UE en materia de acciones de cesación contra intermediarios cuyos servicios utiliza un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual, según lo establecido en la Directiva de Derechos de Autor en la Sociedad de la Información y en la Directiva sobre el Respeto de los Derechos de Propiedad Intelectual. Consideramos en primer lugar las condiciones necesarias para ejercer las acciones de cesación, a la vista de la interpretación que ha venido haciendo el TJUE. En particular, exploramos cuál es el nivel mínimo de protección que los Estados Miembros están obligados a proporcionar a través de las acciones de cesación, así como el techo máximo que no pueden superar sin infringir los límites impuestos por el derecho de la UE. A continuación nos centramos en un tipo particular de medidas cesatorias que los titulares de derechos podrían solicitar judicialmente contra los intermediarios de acuerdo con las transposiciones nacionales del art. 8(3) de la Directiva de Derechos de Autor en la Sociedad de la Información, a saber, las que consistirían en ordenar al ISP que deje de proporcionar acceso a internet a uno de sus usuarios, supuestamente infractor de derechos de propiedad intelectual. Para ello tomamos como caso de estudio el ya citado de Promusicae c. R Cable y Telecomunicaciones Galicia, en el que la Audiencia de Barcelona ordenó al este ISP a suspender de modo definitivo el servicio de acceso a la red a un usuario. El asunto nos sirve como caso de estudio para examinar los problemas a los que se enfrenta una orden de estas características.

Estas órdenes de desconexión pueden ser vistas por los titulares de derechos como una prometedora herramienta para combatir la infracción de derechos de autor en línea; quizás como una alternativa a los infructuosos sistemas de “respuesta graduada”. Sin embargo, como mostramos en el trabajo, estas órdenes de cesación plantean serios problemas desde el punto de vista de su compatibilidad con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Las posibilidades de dictar órdenes de desconexión que sean a la vez mínimamente efectivas y respetuosas con la Carta –algo a lo que están obligados los tribunales nacionales— son en la práctica extremadamente limitadas.

¿Contra quién puede actuar la Comisión Sinde-Wert?

31 August 2014

Una de las novedades interesantes que ha dejado el verano es la sentencia de la Audiencia Nacional 22 de julio de 2014. Se trata de la primera vez que la Audiencia Nacional (AN) se pronuncia sobre una resolución de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI).

Se trata de un caso un tanto peculiar. En marzo de 2012 CEDRO solicitó ante la CPI el inicio del procedimiento de salvaguardia de derechos de propiedad intelectual en relación con determinados libros puestos a disposición en Internet. En concreto, cuatro obras al parecer alojadas en la página linksole.com. Las obras eran accesibles también desde la conocida web de enlaces quedelibros.com. El procedimiento se dirigió contra linksole.com, como presunto vulnerador y se le ordenó la retirada del material. La resolución de la CPI estableció asimismo que en el caso de que linksole.com no cumpliera con la orden de retirada en el plazo de 24 horas, era necesario que la página de enlaces quedelibros.com procediera a eliminar de modo permanente “cualesquiera enlaces e instrumentos análogos de localización” a las obras en cuestión “siempre que continúen ofreciéndose en vulneración de los derechos de propiedad intelectual”.

Como es sabido, mientras que el propósito principal del procedimiento es el de poder actuar eficazmente contra las páginas de enlaces, las primeras actuaciones de la CPI optaron por centrarse en el que aloja la obra, como responsable del servicio que lleva a cabo la presunta vulneración, y requerir la colaboración forzosa de la página de enlaces como mero intermediario en caso de falta de cumplimiento voluntario del alojador. De este modo se evitaba la discusión sobre si la provisión de enlaces podía o no considerarse en si misma como una “vulneración” de los derechos de propiedad intelectual. (En asuntos posteriores, la CPI ha optado sin embargo por dirigirse directamente contra páginas de enlaces considerando que llevan a cabo directamente la vulneración).

En el caso analizado, parece que la página linksole.com no ofrecía la preceptiva información identificativa del titular que presta el servicio. El procedimiento se dirigió contra la entidad 10DENCEHISPAHARD, SL., por entender que era la titular de la página. Sin embargo esta entidad resultó no ser la titular de la página, sino el proveedor de servicios de registro del dominio. La sociedad 10DENCEHISPAHARD, SL presentó recurso de reposición contra la resolución de la CPI, que fue estimado mediante resolución de 12 de febrero de 2013, si bien se mantuvo el resto del contenido de la resolución impugnada. De este modo, sólo quedaban en vigor las medidas ordenadas con carácter subsidiario a la web quedelibros.com. La titular de esta página es la quien recurre la ante la AN, alegando en síntesis que el procedimiento es nulo, al no estar dirigido contra el supuesto vulnerador y mantener en cambio las medidas de colaboración exigidas al intermediario.

La cuestión de fondo que se plantea a la AN es, pues, si el procedimiento de salvaguarda puede seguirse exclusivamente en relación con un prestador de servicios de intermediación, sin seguirse de modo principal contra el prestador que supuestamente lleva a cabo la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. La AN concluye que no es posible, y por tanto estima el recurso y declara nulo el procedimiento.

La cuestión, sin embargo, tiene mayor alcance. No se trata sólo de que en este caso el procedimiento sea nulo porque falta su destinatario principal. Lo relevante es que la AN declara que un intermediario no puede ser nunca el destinatario principal del procedimiento:

“tenemos que llegar a la conclusión que el procedimiento recogido en el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual y desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, no puede ser dirigido exclusivamente contra los intermediarios, cuando [sic] sino que debe estar incurso un responsable del servicio de la sociedad de información.”

Para llegar a tal conclusión, la AN repasa de modo correcto los conceptos definidos en la LSSICE, para sostener finalmente que

“son suficientemente claros los arts. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual y 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, en los que se hace referencia exclusivamente a los responsables de servicios de la sociedad de información. Por lo que el procedimiento no puede dirigirse formalmente contra los intermediarios, sin perjuicio de que se pueda exigir a estos últimos determinados comportamientos a fin de asegurar la eficacia de las medidas que finalmente se adopten (…)”

Sin embargo, se trata de un argumento que contradice lo que la propia sentencia recoge pocos párrafos antes. Esto es, que un intermediario (un “prestador de servicios de intermediación”) es también “prestador de servicios de la sociedad de la información”. Así lo señala expresamente la LSSICE, al incluir en su anexo la siguiente definición:

“Servicio de intermediación”: servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información.

Ciertamente, la expresión “responsable” de un servicio de la sociedad de la información no aparece definida legalmente, pero como bien dice la propia sentencia puede interpretarse como “prestador” de un servicio de la sociedad de la información.

Al anterior argumento literal, la sentencia añade una consideración que probablemente está en la base de la decisión adoptada, a saber:

“Los prestadores de servicios de intermediación no son los que realizan la conducta vulneradora de los correspondientes derechos de propiedad intelectual, pues no ponen a disposición del público las obras protegidas, los que las reproducen o copian, etc… La conducta vulneradora de la legalidad la cometen las personas físicas o jurídicas que proporcionan un servicio de la sociedad de la información, aunque eso sí sirviéndose en mayor o menor medida de los correspondientes servicios de intermediación.”

Se trata sin embargo de una descripción que no se ajusta necesariamente a la realidad en todos los casos. En efecto, los actos que lleva a cabo un prestador de un servicio de intermediación pueden, en determinados casos, constituir una infracción de la propiedad intelectual, aunque pueda quedar libre de responsabilidad si cumple con las condiciones de las exclusiones de responsabilidad previstas en los artículos 14 a 17 de la LSSICE. La existencia de actos de reproducción y comunicación pública puede ser especialmente clara en los casos de prestadores de alojamiento. En el caso de los enlaces… habrá que preguntar a Svenson.

Cabe notar por último que la reforma de la LPI, actualmente en el Senado, se refiere expresamente al alcance del procedimiento de la CPI, detallando contra quién puede dirigirse. El proyectado artículo 158.ter.2 prevé que

2. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se dirigirá contra:

 

A) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual, atendiendo la Sección Segunda para acordar o no el inicio del procedimiento a su nivel de audiencia en España, y al número de obras y prestaciones protegidas indiciariamente no autorizadas a las que es posible acceder a través del servicio o a su modelo de negocio.

 

B) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual de la forma referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

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